La detención de los sacerdotes Eugenio Rodríguez Benavides, encargado de la Parroquia Divina Providencia de Jalapa, y Leonardo Guevara Gutiérrez, párroco de la Catedral de Estelí, es, a criterio de opositores, el resultado del discurso de odio que maneja la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de la iglesia católica.
El 18 de mayo, durante la celebración partidaria, por el 118 aniversario del natalicio de Augusto Sandino, el mandatario nicaragüense atacó, una vez más, a los sacerdotes que fueron mediadores en el intento fallido de diálogo del 2018, a quienes tildó de «golpistas», dos días después ordenó la detención de los sacerdotes norteños.
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Según la Diócesis de Estelí, los sacerdotes están bajo investigación «sobre asuntos administrativos de la extinta Caritas Diocesana» y fueron desaparecidos por la Policía. Más tarde, la misma entidad católica informó que habían sido llevados a Managua.
«La dictadura de los Ortega y Murillo ha estado intensificando su ataque a la Iglesia católica con un lenguaje de odio», lo que «precede a más acciones represivas» del régimen, señaló el opositor y dirigente de la Unión Democrática Renovadora (Unamos) Héctor Mairena.
Mairena recordó, además, que continúa la persecución contra los sectores de la Iglesia católica que «han mostrado independencia, demandando respeto a los derechos humanos y que han predicado libremente la palabra de Dios».
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«Esta modalidad represiva que emplearon en contra del sacerdote de Jalapa y de la Catedral de Estelí, es la misma que se le está aplicando a decenas de ciudadanos nicaragüenses, donde los capturan, les desarrollan un juicio exprés y sin que haya un registro de esa causa judicial les obligan a estarse presentado diario a las estaciones policiales, reduciéndolos prácticamente a casa por cárcel», agregó el politólogo.
Por su parte, el exaspirante presidencial y desterrado político Juan Sebastián Chamorro dijo que esta nueva acción es la continuación de la represión en contra de la Iglesia católica «y la aplicación de la nueva modalidad que se implementó a partir de la redada del tres de mayo, donde se amedrentó y acusó a opositores».
«Y en este caso, en particular, ya no se envía —a los sacerdotes a la cárcel— sino a casa por cárcel», subrayó. Asimismo indicó que las acusación de la justicia orteguista en contra de opositores y sacerdotes es «un invento, orientado a sacar de actividades sociales, humanitaria, política o religiosa a cualquier persona que levante la voz en contra de la injusticia que vive Nicaragua».
Nuevo elemento para criminalizar a sacerdotes
Para la abogada e investigadora en temas religiosos Martha Patricia Molina, la dictadura de Nicaragua encontró un nuevo elemento para criminalizar a sacerdotes, «en esta ocasión tomando como pretexto a Cáritas, haciendo uso de la Ley, inconstitucional, de Agentes Extranjeros».
Enfatizó que el actuar de la Policía, en esta etapa de la represión, es secuestrar ciudadanos, llevarlos a «El Chipote», «donde los intimidan y los hacen firmar documentos; luego los liberan bajo vigilancia, pero los obligan a presentarse diariamente a firmar a la Policía».
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A su vez, Molina no descartó que este nuevo modelo de represión sea utilizado en las otras diócesis del país, donde se han cerrado Cáritas. Refirió que «es probable que la Policía orteguista dé su versión sobre las nuevas detenciones a sacerdotes».
Con estas dos nuevas detenciones en contra de sacerdotes, la lista se extiende a cinco religiosos secuestrados por la justicia de Nicaragua, incluyendo a monseñor Rolando Álvarez, también administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, condenado a 26 años de cárcel por supuesta conspiración contra la patria.