¿Dónde está el padre Eugenio Pastor Rodríguez?, esa es la pregunta que se hacen desde la noche del sábado, 20 de mayo, pobladores de Las Segovias. El domingo la noticia cobró más relevancia: el sacerdote ha desaparecido y este lunes sigue sin presentarse ninguna novedad sobre el paradero del religioso aunque versiones que circulan en redes sociales apuntan a que podría haber sido secuestrado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El padre Eugenio Pastor Rodríguez Benavides es párroco de la iglesia Divina Providencia, en Jalapa, Nueva Segovia. “No se sabe nada de él”,dijo en una transmisión en vivo en Facebook el sacerdote que tuvo que llegar a oficiar la misa a la parroquia a cargo de Rodríguez.
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Horas después, la Diócesis de Estelí informó informa que el “padre Pastor Eugenio Rodríguez Benavides, párroco de la Parroquia Divina Providencia de Jalapa y el padre Leonardo Guevara Gutiérrez, párroco de Catedral de Estelí han sido requeridos por la Policía Nacional el sábado 20 y lunes 22 de mayo respectivamente, y trasladados a Managua a una de las casas de formación de la Iglesia, mientras transcurre un tiempo de investigación sobre asuntos administrativos de la extinta Cáritas Diocesana de Estelí”.
El crimen contra Yaritza Martínez, registrado en El Pedregal, jurisdicción del municipio de Laguna de Perlas; en el Caribe Sur, apunta en una versión preliminar a que el móvil fue por robo. La víctima se encontraba en su casa acompañada por una menor.
Más de dos atacantes serían los responsables. Vecinos de Martínez dicen que la mujer de 20 años era comerciante y que quienes llegaron a su casa el día de los hechos era para robarle.
Desde hace unas semanas, comunitarios y voces de la sociedad civil en esta zona del país, han dicho que la inseguridad se “ha disparado” en los municipios del caribe nicaragüense. En estas zonas se han registrado femicidios, homicidios y robos violentos recurrentes en los últimos días.
Los restos del migrante nicaragüense Santos Lucio Dolmus Castillo de 36 años, llegaron el sábado a la Villa 15 de Julio, en Chinandega ,lugar de donde partió hace 8 años en busca de mejorar sus condiciones de vida.
El nicaragüense murió en un hospital en Dallas, Texas, el pasado 05 de abril, a donde fue llevado por un grupo de migrantes con quienes departía cerca de un lago de ese Estado, pero que hasta ahora no explican qué pasó. La familia apeló a la solidaridad y recaudó 7 mil dólares para la repatriación y darle cristiana sepultura en su tierra natal.
Más de cincuenta niños y niñas que vivían en condición de refugiados en un orfanato en Veracruz, una comarca del municipio de Nindirí, en Masaya, viven la incertidumbre luego que el viernes, la Policía se tomara las instalaciones del centro Casa Bernabé y que la Procuraduría General de la República (PGR), les informara a los administradores que sus bienes están confiscados.
El Ministerio de Gobernación (Migob) aniquiló el estatus legal de la Asociación Misión Cristiana Verbo, a cargo del proyecto Casa Bernabé, que operaba en el país desde hace 25 años. Al anularles su personalidad jurídica, el edificio fue ocupado por policías y civiles armados, lo que transmitió zozobra al personal que laboraba en la organización.
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Una ciudadana, quien se identifica como exmiembro de dicha asociación, dijo que desde el jueves, llegaron a sacar a los niños del orfanato. Desde el 2020, las autoridades gubernamentales a través del Ministerio de la Familia, les habían notificado el cierre porque supuestamente no reunía “las condiciones para el cuidado de los niños, niñas y adolescentes”.
Acabar con la autonomía universitaria ha sido el propósito del régimen orteguista. Entre el 13 de diciembre de 2021 y el 18 de mayo de 2023, la juventud nicaragüense ha perdido alrededor de 30 opciones para elegir centros de estudios superiores, debido a la cancelación arbitraria de las casas de estudios por parte del régimen sandinista.
La desarticulación de las opciones universitarias inició en diciembre de 2021, cuando fue cancelada la personalidad jurídica de la Universidad Hispanoamericana.
La guillotina oficialista incluso decapitó al Consejo Superior de Universidades Privadas (COSUP), que aglutinaba a 14 universidades privadas. Prosiguió en 2022 con la cancelación, confiscación y alteración de los estatutos de al menos 22 organizaciones universitarias, incluyendo la antigua y privada Universidad Politécnica de Nicaragua, bastión rebelde de las protestas sociales de 2018.
Luego siguieron con la anulación y confiscación de bienes a la Universidad Popular de Nicaragua, la Universidad de Estudios Humanistas, Universidad Paulo Freyre y otras.
