La Comisión para la Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos (USCIRF, por sus siglas en inglés) recomendó imponer sanciones específicas a las instituciones y funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo responsables de la violencia y otras acciones punitivas contra los lugares de culto, líderes religiosos y organizaciones,
En su informe anual 2022 explican que dichas sanciones serían el congelamiento de los activos de esas personas; la prohibición de su entrada a los Estados Unidos en virtud de leyes relacionadas con los derechos humanos y la no autorización de visas, citando violaciones específicas de la libertad religiosa.
Además, USCIRF instó al Gobierno de Estados Unidos a «colaborar y alentar» a las organizaciones multilaterales, como la Organización de los Estados Americanos (OEA), a monitorear e investigar las violaciones de la libertad religiosa que ocurren en Nicaragua y trabajar para identificar los bienes de las personas y la prohibición de su entrada a los Estados Unidos.
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La Comisión insiste en que dichas sanciones a las instituciones y funcionarios orteguistas deben ser por perpetradores de violaciones de la libertad religiosa. Además, se debe buscar la derogación de leyes represivas como la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que ha dejado la cancelación de centenares de organizaciones no gubernamentales.
También, recomienda al Congreso de los Estados Unidos «continuar planteando preocupaciones sobre derechos humanos y democracia en Nicaragua y llamar la atención sobre los líderes religiosos y las organizaciones silenciadas por el régimen de Ortega».
Finalmente, pide al Gobierno de Joe Biden mantener a Nicaragua en la Lista Especial de Vigilancia del Departamento de Estado de EE.UU por cometer graves violaciones a la libertad religiosa. El 15 de noviembre de 2021 Nicaragua se coló en la lista por primera vez, bajo la dictadura de Ortega Murillo.
La Iglesia y el régimen Ortega Murillo mantienen nulas relaciones desde el 2018, a raíz de la mediación de los obispos en un fallido diálogo nacional. La pareja dictatorial ordenó el arresto de más de una docena de religiosos y laicos que luego envió al destierro, tres de ellos siguen como rehenes de conciencia, incluido monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa.