De acto represivo, fuera de legalidad y abusivo fue calificada la nueva acción de parte del régimen de Nicaragua quien, a través de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), les eliminó la profesión a 25 juristas nicaragüenses.
En la lista están 15 abogados, exreos políticos, desterrados el nueve de febrero, y 10 de una lista de 94 ciudadanos a quienes, el 15 del mismo mes, los despojó de su nacionalidad.
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Héctor Mairena, integrante del consejo político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab), incluido en la lista de abogados suspendidos, dijo a Artículo 66 que la dictadura orteguista está ejecutando «una operación de muerte civil al despojarnos de la nacionalidad, cancelar nuestros asentamientos en el registro civil y ahora aniquilarnos económica y profesionalmente, enderezando su acción contra los abogados y notarios».
«Sin duda, el menú de acciones represivas de la dictadura es bastante diverso, recurriendo a la cárcel, al exilio, la presión, el chantaje y ahora en el caso de nosotros —los abogados— nos aniquila profesionalmente», agregó.
Como afectado por esta nueva decisión por parte de la CSJ, Mairena dijo no reconocer legitimidad a la dictadura Ortega y Murillo, «y por lo tanto no le reconozco el despojo de la nacionalidad que ejecutaron el 15 de febrero y ahora el despojo de mi título de abogado y notario».
Subrayó que formalmente el Gobierno de Nicaragua puede ejecutar estas acciones porque tiene el control de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), «que en este caso es la que autoriza estos títulos, pero la verdad es que eso no tiene ningún valor legal ni moral».
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Por su parte, el analista político Elíseo Núñez —también incluido en la lista de los 25 juristas despojado de su profesión— calificó de abusivo la cancelación de su título de abogado, afirmando que la administración orteguista se está basando en una sentencia ilegal, donde los afectados no tuvieron derecho a la defensa, violentando así el debido proceso».
«Creen —los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo— que son eternos, creen ellos que estos cinco años han sido suficiente para que se sientan tranquilos y puedan verse eternamente, pero eso no va a pasar, así que nos vamos a volver a ver las caras en Nicaragua y ellos van a tener que entender que el país es para todos, no solo para ellos», remarcó Núñez.
Ana Margarita Vijil: «Entre noticias difíciles y esperanzadoras»
Otras de las abogadas a quien la dictadura ya no reconoce es la exrea política Ana Margarita Vijil, la que aseguró, en declaraciones a este medio de comunicación, que el día de ayer y hoy, viernes, 12 de abril, ha recibido «una noticia difícil y otra esperanzadora».
«Ayer me dormí con la noticia que la Corte Suprema de Justicia había decidido cancelar mi título de abogada, junto con el título de otras 24 personas, pero hoy me levanté con la noticia que el Gobierno de España había autorizado mi solicitud de nacionalidad española, —pasé— de una noticia difícil a una esperanzadora», dijo.
Aprovechó para agradecer a la administración de Pedro Sánchez por la solidaridad para con ella y con otros dejados apátridas por el gobierno de Ortega. «Pero debo de decir que siempre seguiré siendo nicaragüense y siempre voy a trabajar para regresar a esa Nicaragua libre, linda y democrática que nos merecemos y que el día de hoy tengo inmensamente presente en mi corazón a las más de 45 personas que siguen detenidas por razones políticas en el país».
Chino Enoc: «¿Podrá Daniel Ortega quitarse el título de genocida y pedófilo?»
El exmilitante sandinista, exreo político y apátrida, Marlon Sáenz, conocido como «El Chino Enoc», expresó de forma enfática que la dictadura pudo anular su título de abogado, pero preguntó si «¿podrá Daniel Ortega quitarse el título de genocida, de pedófilo y de dictador más sádico que ha tenido la República de Nicaragua?».
«¿Podrá Daniel Ortega quitarse el título de paria político? ¿Podrá Daniel Ortegas quitarse el título de pirómano, asesino de niños por medio de incendio? ¿Podrá Daniel Ortega dormir tranquilo?», cuestionó el exreo de la dictadura, quien aseguró que a pesar de esta acción represiva en su contra «jamás» dejará de ser abogado.
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Enfatizó que el dictador de Nicaragua no podrá arrebatarle los conocimiento que ha adquirido a lo largo de más de 20 años de profesión. «No podrá quitarme mi dignidad y el título que llevo en el alma de nicaragüense, así que no importa Daniel Ortega, estás condenado en vida, sos una rata, porque lo que tengo dentro de mi cerebro no me lo podrás quitar nunca».
Además afirmó que la decisión de la CSJ «ya me la miraba venir porque ya nos habían borrado hasta los registros de nacimiento y es obvio que el odio en contra mía es peor porque fui un militante histórico, luego los critiqué, por eso caí preso».
Antes de estos 25 abogados, la dictadura había despojado de su título y prohibido el ejercicio profesional a la defensora Yonarqui Martínez, con la que la dictadura sandinista se estrenó en esta nueva modalidad represiva de venganza política contra voces críticas y desertores.
Las dos resoluciones fueron dictadas por el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, integrado por los magistrados Alba Luz Ramos Vanegas, presidenta de la CSJ; el magistrado vicepresidente Marvin Aguilar; y la magistrada Juana Méndez. Todos son obedientes a Daniel Ortega y Rosario Murillo y han ordenado las acciones de criminalización, encarcelamiento de presos políticos y persecución a opositores, usando como arma los tribunales de justicia.