Al menos 12 altos mandos de la Policía Nacional y seis alcaldes orteguistas son parte de los perpetradores de las torturas que han recibido las personas presas políticas en Nicaragua, revela el 8vo informe del Observatorio Nicaragüense contra la Tortura del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
La lista la encabeza el primer comisionado Francisco Díaz, director de la Policía y consuegro de Daniel Ortega y Rosario Murillo; el comisionado General Fidel Domínguez, jefe policial de León; Comisionado General Luis Barrantes, jefe de Masaya y luego designado a Matagalpa; Comisionado General Pedro Argueta, de Carazo, el Comisionado General Luis Alberto Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) y el sub-prefecto Venancio Alanís, custodio del Sistema Penitenciario La Modelo.
Completan la lista el Comisionado General Marvin Castro, jefe policial de Jinotega; Comisionado General Adolfo Marenco, exdirector de Inteligencia; Comisionado General Juan Valle Valle, exdirector de seguridad pública nacional y luego designado a Masaya; Comisionado general Vladimir Cerda Moraga, jefe del Distrito I de Managua; Comisionado General Ramón Avellán, exjefe policial de Masaya y el prefecto Julio Orozco, del Sistema Penitenciario Nacional (SPN).
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Estos jefes policiales fueron denunciados por amenazar a las personas presas políticas, ordenar su detención o dirigir las prácticas de tortura, entre las cuales se encontraron golpizas, quemaduras, desprendimiento de piezas dentales, tortura por suspensión, condiciones inhumanas, entre otras.
«La cadena de mando identificada en la Policía Nacional es muy amplia y completa, ya que nos encontramos a oficiales desde el rango menor hasta el rango mayor dentro de la institución», destaca el informe.
Los comisionados Ramón Avellán y Fidel Domínguez son quienes han sido denunciados en mayor cantidad, doce y seis denuncias respectivamente. Avellán fue denunciado por dirigir actos de torturas y detenciones.
Dominguez fue señalado de ordenar y dirigir detenciones, realizar amenazas de muerte constantemente, así como por asediar y hostigar a las personas excarceladas políticas y sus familiares.
«De forma similar actuó el Sistema Penitenciario Nacional, contra el cual se cuenta con denuncias de sus dos máximas autoridades, siendo esta el Prefecto Julio Orozco, quien fuera identificado realizando amenazas de muerte a presos políticos, incluso de desaparecerlos, y, el Sub-Prefecto Venancio Alanís, ligado a requisas abusivas», añade.
Los alcaldes paramilitares
El informe del organismo de derechos humanos detectó que hubo un «contexto de planificación entre los distintos niveles e instituciones» señalados de ser participes de la tortura. Se lograron identificar a seis alcaldes.
Entre los ediles perpetradores están el alcalde de Nagarote, Juan Gabriel Hernández Rocha; el de Matagalpa, Zaadrach Zeledón; Ebert López, alcalde de El Rosario; el alcalde de San Carlos Johnny Gutiérrez; la alcaldesa de Ticuantepe, Ligia Ramírez y de Tipitapa César Vásquez Valle.
Los actos de torturas se registraron durante los años 2018 y 2019. Los ediles realizaron actos de vigilancia, amenazas e incluso ordenaron la detención de ciertas personas, revela el informe que documenta las denuncias y testimonios de 158 excarcelados políticos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.