La familia del adolescente de iniciales E.M.B, de 17 años, decidió sacar al menor de edad de Nicaragua tras ser detenido arbitrariamente por la Policía de Morrito, municipio de Río San Juan, por supuestamente publicar en su cuenta de Facebook un post en referencia a las protestas sociales de abril de 2018 contra la dictadura orteguista.
Una fuente bajo anonimato detalló al equipo de Artículo 66 que el joven había sido arrestado ilegalmente el pasado 19 de abril, en el marco de la conmemoración del quinto aniversario de la Rebelión Cívica de abril 2018. Ese mismo día, los oficiales de la policía trasladaron a E.M.B. de la delegación policial de Morrito a la de San Carlos, en donde horas después fue entregado a su mamá.
La mamá del menor de edad, quien reside en Costa Rica, decidió sacar a su hijo del país por el acontecimiento arbitrario que vivió, según indicó la fuente.
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Asimismo, se conoció que el adolescente había llegado del vecino país del sur a pasar las vacaciones de Semana Santa en Morrito con su familia.
E.M.B, es sobrino del expreso político Armando Robles Alanis, originario de Morrito, Río San Juan, quien fue desterrado, despojado de su nacionalidad y enviado a Estados Unidos el pasado nueve de febrero junto a otros 221 reos de conciencia más.
En lo que va de abril, mes en que se conmemora el quinto aniversario de la rebelión cívica, el Monitoreo Azul y Blanco ha contabilizado al menos 39 detenciones arbitrarias por parte de la Policía sandinista. Según el organismo, la mayoría de los arrestos son por razones políticas.
En un informe, la plataforma detalló que durante los primeros 20 días de abril se han reportados casi 200 incidentes relacionados a violaciones de derechos humanos en Nicaragua.
El organismo además señaló que los días 17 y 19 de abril, cuando se cumplen cinco años de las protestas sociales, fueron los días que más se reportaron incidencias. El monitoreo registró al menos 70 agresiones. Los hechos ocurrieron en 13 departamentos y una de las regiones del Caribe de Nicaragua.
El Monitoreo Azul y Blanco destacó que la «represión estatal» se ha enfocado en los familiares de víctimas de abril, personas opositoras y autoconvocadas, así como a miembros de la Iglesia católica.