El régimen de Nicaragua ordenó a su aplanadora de diputados en la Asamblea Nacional declarar el 19 de abril «Día nacional de la paz», fecha que se conmemora la rebelión cívica de 2018. La decisión, a cinco días de esa fecha histórica, la dio a conocer la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo.
La dictado por la dictadura nicaragüense es rechazada por las Madres de Abril, jóvenes en el exilio, dirigentes opositores y defensores de derechos humanos porque consideran que es una «burla» del régimen Ortega Murillo en un intento «desesperado» por borrar sus crímenes de lesa humanidad.
Los jóvenes de los grupos opositores también han rechazado la declaratoria del 19 de abril como «Dia Nacional de la Paz» porque la dictadura solo quiere tapar las violaciones a los derechos humanos cometidas desde 2018. Aseguran que una «falta de respeto» para la memoria de los asesinados y la población nicaragüense.
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La opositora Ana Quirós, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab), manifestó que el anuncio de Rosario Murillo es un «insulto» para las víctimas del odio de la dictadura contra el pueblo de Nicaragua y que no se puede hablar de paz en un contexto como el que vive el país desde 2018. Refiere que Murillo solo receta «la paz de los cementerios» y que esa paz no es la que buscan los nicaragüenses.
En abril de 2018, la juventud nicaragüense se manifestó en las calles en rechazo a la inoperancia de la dictadura para sofocar las llamas en la Reserva Biológica Indio Maíz.
En ese mismo mes se aprobó una reforma al sistema de pensiones y al aporte laboral y patronal del seguro social, esta decisión unilateral del régimen lanzó a la población a protestar por la derogación de dichas medidas.
La respuesta estatal fue represión, balas y muerte. Según cifras actualizadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 355 personas fueron asesinadas en el marco de la crisis sociopolítica. A la fecha todos los crímenes siguen impunes.
La Comunidad de Frailes Dominicos, de la Parroquia La Dolorosa, en San José, Costa Rica, expresó su solidaridad por las tres monjas de la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Anunciata, expulsadas recientemente de Nicaragua.
Las religiosas Isabel y Cecilia Blanco Cubillo de nacionalidad costarricense y María Albertina González, de Guatemala, atendían el asilo de ancianos López Carazo, ubicado en la ciudad de Rivas. Las tres expulsadas arribaron a Costa Rica, la tarde del pasado miércoles. La Diócesis de Tilarán-Liberia informó en sus redes sociales que las religiosas Blanco Cubillo fueron recibidas en el puesto fronterizo de Peñas Blancas.
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Según los resultados de la encuestadora nicaragüense M&R Consultores, el 87.9% de los nicaragüenses aseguran que en el país hay libertad religiosa, sin embargo se contradice con el cerco impuesto a la libertad de culto, encarcelamiento y destierro de sacerdotes y expulsión de monjas. la persecución del régimen orteguista ha ubicado a Nicaragua en el cuarto puesto de la lista de los países más peligrosos para los cristianos en América Latina, solo superado por México, Colombia y Cuba.
A nivel global, la nación centroamericana se coló en el lugar 50 de la Lista Mundial de la Persecución 2023, que elabora la organización Puertas Abiertas. Explica, además, que el régimen de Managua considera «agentes desestabilizadores» a las iglesias que denuncian las «injusticias y las violaciones de los derechos humanos cometidas por el gobierno».
La administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en línea de sus movimientos diplomáticos, nombró a Sylvia Celina Miranda Paniagua como embajadora de Nicaragua ante Bélgica, en calidad de concurrente; luego de que el cargo estuviera vacío desde el 11 de enero, cuando la dictadura decidió dar de baja de la misión diplomática en Bruselas a Zoila Müller Goff, quien estuvo en el país europeo apenas ocho meses.
Su salida se dio tras ser declarada «non grata» por la Unión Europea tras la expulsión de la representante del bloque en Nicaragua. Este jueves también se designó como nuevo embajador en Brasil a Gadiel Osmani ArceZepeda, quien recientemente había asumido el cargo de ministro consejero en la embajada nicaragüense en el país sudamericano.