Unas 25 organizaciones nicaragüenses canceladas por la maquinaria represiva del gobierno de Daniel Ortega se han constituido fuera del país, con el objetivo de continuar evidenciando las violaciones de derechos humanos en Nicaragua.
«Estas acciones representan formas de resistencia frente a las restricciones y la criminalización del régimen de Ortega-Murillo contras las organizaciones», refiere una investigación de la Fundación del Río, una ONG ilegalizada y que trabajaba temas ambientales y de derechos indígenas en Río San Juan y la Reserva Biológica Indio Maíz.
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«Lamentablemente en nuestro país es voluntad de quienes gobiernan que la sociedad civil se silencie, no se exprese y no se organice, entonces han desatado una cacería en contra de estas estructuras constitucionales. Pero, en ocasiones las dificultades sirven para reinventarse y también plantean oportunidades, es así que decenas de organizaciones y exmiembros de las mismas sacaron a flote su liderazgo para seguir haciendo nuestro trabajo y nos hemos planteado salidas creativas para seguir existiendo, seguir colaborando con la población y seguir exigiendo el restablecimiento de la democracia en nuestro país», expresó el defensor de derechos humanos, Pablo Cuevas, directivo de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos, creada en Miami tras la ilegalización de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), de la que Cuevas era abogado.
Explica que de esta forma es como han tenido que reinventarse y permanecer desde el exilio pese a la arremetida de Daniel Ortega. «Estamos haciendo el trabajo que hacíamos en nuestro país, afortunadamente la tecnología nos ha facilitado un poco el trabajo y se sigue trabajando en el sentido de seguir denunciando la barbarie», añade.
«Estoy seguro que nadie de nosotros quería salir de nuestro país, todos queríamos seguir haciendo nuestro trabajo desde donde nos sentíamos cómodos. El exilio trae muchas dificultades, tener que adaptarnos a una nueva cultura, muchas limitaciones, muchos no tenemos nuestra familia y algunos ni siquiera tenemos nacionalidad, fuera de nuestro país la vida lleva un ritmo rapidísimo y super agitado», refirió el defensor de derechos humanos.
Fundación del Río asegura que el principal objetivo del régimen al despojar a las organizaciones de su personalidad jurídica y ocupar sus instalaciones es «la desarticulación de los tejidos territoriales que los OSFL habían construido y la confianza de la población hacia los programas y proyectos que estas entidades venían implementando. Estos tejidos territoriales fueron protagonistas de las protestas de abril de 2018 o simplemente mostraron su inconformidad con lo que estaba sucediendo, por este motivo la desarticulación es un objetivo primordial para controlar el estado de ánimo de la sociedad nicaragüense, sobre todo a nivel rural».
Del total de ONG canceladas a nivel nacional, 38% se dedicaban a trabajar en temáticas de derechos humanos (defensa de DDHH, ambiental, cultural, educación, mujeres, niñez, pueblos indígenas y afrodescendientes, recreación y salud), el 36% se dedicaban al desarrollo, el 12% eran asociaciones gremiales, el 9% asociaciones religiosas y el 1% vecinales. En el caso de los Organismos Sin Fines de Lucro internacionales el 74% se dedicaban a cooperación al desarrollo, el 14% eran religiosos y el 4% de investigación.
Por su parte, el defensor de derechos humanos Denis Darce, abogado de la CPDH, que también ha tenido que reinstalarse en Estados Unidos y Costa Rica, resaltó que «muchas organizaciones de sociedad civil de Nicaragua se han constituido fuera de la misma, principalmente en Costa Rica, lo que significa que se ha mantenido su logística y sistema. Pero, también hemos tenido cosas que resolver y es un proceso difícil de adaptación para todos también en el aspecto económico».
