La dictadura orteguista continúa con la cancelación de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y dejó sin personalidad jurídica a 15 asociaciones, supuestamente por «incumplir» las leyes que las regulan. La mayoría de las canceladas son pertenecientes a ministerios evangélicos.
Por medio del acuerdo ministerial número 46-2023 el Ministerio de Gobernación orientó la cancelación de las organizaciones por «incumplir con sus obligaciones conforme Ley, ante la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro, ya que no reportaron, por períodos de entre 03 hasta 14 años, sus Estados Financieros conforme periodos fiscales, con desgloses detallados de ingresos y egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones (origen, proveniencia y beneficiario final)», explica el escrito.
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Entre las organizaciones cristianas canceladas se encuentran la Fundación Cristiana de Ayuda Espiritual y Desarrollo social, Fundación Cristiana Emmanuel, Asociación Ministerial Silecres de Dios, Asociación Misioneros de Cristo, Asociación y Misión de Iglesias Evangélicas Pentecostés y la Red Nacional para Fundación de Iglesias.
Así mismo se encuentran canceladas la Asociación de Veteranos de Guerra por el Desarrollo de La Dalia, Asociación Campesina de Cultura y Producción Ecológica en la Región Autónoma del Atlántico Sur y la Asociación María Auxiliadora, que buscaba ayudar a mujeres con cáncer.
A como ha sido una constante desde el 2018, el régimen de Ortega descabezó también a otras 20 organizaciones no gubernamentales, argumentando, según la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch, que estas incumplieron con las Leyes que las regulan.
Entre las organizaciones a quien Ortega incluyó en la lista de más de tres mil canceladas desde el 2018 están organizaciones cristianas, así como dos de retirados militares, una de la Contra, otra de retirados de Ejército Sandinista, además del Centro de Producción más limpia y la Asociación de Mujeres con Cáncer.
Una vez ilegalizadas las 15 organizaciones, el Ministerio de Gobernación ordenó la liquidación de sus bienes y activos «aplicándose lo establecido en la Ley Nº 1115».
Este nuevo zarpazo contra las ONG deja en desprotección a las personas y comunidades donde operaban las organizaciones con sus programas y proyectos.
Es interesante que nuestro gobierno saque de la jugada política vende patria a estás organizaciones con fines de lucro, que, cómo parásitos se han alimentado de la benevolencia de Daniel, que es a quien ha querido dañar estos GOLPISTAS vende patria. Ya el pueblo les está dando lo que se merecen a estos gusanos enemigos de mi pueblo….y que se vallan, que se vallan, aquí no necesitamos ratas entreguistas