La excarcelada política y activista nicaragüense Tamara Dávila denunció esta mañana ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que Nicaragua todavía se encuentra «bajo el terror» impuesto por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Así mismo, ofreció su testimonio del «trato inhumano» que recibió como presa política entre junio de 2021 y el nueve de febrero de 2023.
«Pese a que me encontraba en algún sentido preparada para ser detenida pues estuve sometida a vigilancia y asedio por meses, mi detención fue muy violenta para mi hija y para mí. Pese a que abrí la puerta y expresé que me entregaría, los policías rompieron el portón a patadas, asaltaron la casa y desconectaron las cámaras de seguridad. Oficiales mujeres me golpearon hasta sangrar y me subieron a rastras a una patrulla», relató la defensora de derechos humanos, en la sesión del Consejo Permanente de la OEA
Noticia relacionada: Corte-IDH pide a la OEA aplicar «garantía colectiva» ante desacato permanente de Nicaragua
Agregó que durante su detención temía por su vida para luego ser separada de su hija y no verla durante 14 meses. «Imaginen a una niña de 5 años que presencia el asalto violento de su casa, el lugar que debía ser el más seguro para ella. Personas armadas que registran todo, que se llevan sus cuentos, su diario de nacimiento, su música y que además se llevan a su mamá. Ella le preguntaba constantemente a su abuela “¿Abu mi mamá está muerta? ¿Por eso no puedo verla?” Ese horror lo vivieron decenas de niñas, niños y familias en Nicaragua», lamentó Dávila en un relato que conmovió a los embajadores que la escuchaban.
Expresó que toda esta situación y las condiciones en las que se encontraban le había provocado una grave crisis de ansiedad «que los carceleros aplacaban con alprazolam».
«El 9 de febrero fui excarcelada, desterrada, expatriada y privada de mis derechos políticos junto a 221 personas más. A nosotros, y a muchas personas más, nos han despojado de nuestros bienes, pensiones de vejez, registros académicos y del propio registro civil, como si no existiéramos. Incluso han privado de su apellido a algunos de nuestros hijos e hijas», agrega el testimonio de Dávila.
Asimismo, reitera que pese a que cumple más de un mes en libertad aún no ha podido reencontrarse con su hija. Por lo que lamenta que los familiares de excarcelados políticos se encuentren siendo rehenes de la dictadura asegurando que «les intimidan y vigilan, impidiendo hasta ahora la salida de muchos para la reunificación».
Dávila expresó ante los países miembros de la OEA que «en Nicaragua el terror continúa; 10 de cada 100 nicaragüenses ha huido del país en los últimos cinco años; hay más de 37 personas presas políticas, entre ellas el obispo Rolando Álvarez. Sufren torturas psicológicas y físicas diariamente. No podemos olvidarlas. Martin Luther King dijo que “la injusticia en cualquier parte, es una amenaza a la justicia en todas partes”. Esto incumbe entonces a la comunidad internacional y particularmente a las Américas».
«Mi mamá me enseñó que todas las personas -en cualquier condición- tenemos poder. Yo usé el mío en esa celda, para resistir. Mi hija usará el suyo, cuando ella lo decida, para denunciar la negación de su derecho a estar y vivir con su madre y en su país. Yo misma estoy ahora aquí, haciendo uso de mi voz para hablar con ustedes. Ustedes también pueden usar el suyo. Actúen por una transición democrática en mi país. Por la vida, la paz, y la justicia. Por el fin de los crímenes y la impunidad», puntualizó la feminista.
Dávila presentó su testimonio del encierro y el destierro al que ha sido sometida, durante una sesión del Consejo Permanente de la OEA en la silla del embajador de Chile. Una situación similar vivió Nicaragua en 1974, cuando el país era desangrado por la otra dictadura, la de los Somoza. En aquella ocasión, el sacerdote Miguel de Escoto (q.e.p.d) acudió ante la OEA para denunciar al somocismo, en silla prestada por Panamá.
Durante este encuentro el presidente de la Corte Interamericanade Derechos Humanos ahora pasó a la OEA el tema de Nicaragua para que se encuentre una solución al caso del país miembro, de acuerdo a la «gravedad de la situación», según explicó en su exposición ante el Consejo Permanente del organismo continental.