Distintas entidades bancarias de Nicaragua bloquearon las cuentas de ciudadanos declarados apátridas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ante esto, el economista y abogado Enrique Sáenz refiere que los directivos bancarios están violando el código penal nicaragüense.
«El código penal en el artículo 280 consigna los “delitos contra el sistema bancario y financiero” y establece pena de seis a ocho años de prisión al funcionario, directivo o administrador bancario que cause daños patrimoniales a los depositantes. Si hoy gozan de protección de la dictadura, mañana, cuando los mafiosos no estén, ¿Quién los protegerá de las acciones penales y civiles?», preguntó el analista.
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«Los directivos bancarios que están prestándose a la represión de la dictadura al bloquear cuentas bancarias de opositores cometen un delito», añade Sáenz. Las instancias bancarias les congelaron sus cuentas sin notificarles a los afectados, ya sea por medio de una llamada o correo electrónico.
BAC Credomatic, Banco Avanz, Banco de Finanzas (BDF) y el Banco de la Producción (Banpro), son las entidades que han bloqueado las cuentas de los afectados. Pese a que los clientes de los bancos mantienen su acceso a su banca en línea, al momento de hacer transferencias electrónicas las cuentas detallan que están «bloqueadas», son «inválidas» o que el «estatus de cuenta origen o destino no permite transferencias».
Una fuente ligada a uno de los bancos dijo a Divergentes que las cuentas fueron bloqueadas por el «Área de cumplimiento», la dependencia que regula las cuentas en temas de «lavado de dinero, clientes sospechosos o si están regulados por el Estado». «Es una área auditada todo el tiempo por la Superintendencia», explicó la fuente bancaria.
Ninguna de las entidades financiera se ha pronunciado respecto a las denuncias de sus clientes y tampoco se han comunicado con los titulares de las cuentas para brindarles mayor información.
Todos los bancos involucrados pertenecían a la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), con 20 años de existencia, que recientemente fue cancelada por el régimen Ortega-Murillo. Fue señalada de incumplir sus obligaciones y no reportar sus Estados Financieros conforme periodos fiscales.
