El líder e integrante del Movimiento Campesino Sergio Aryuren Mena Amador, originario de Juigalpa, Chontales, es uno de los presos políticos a quien la dictadura de Daniel Ortega no excarceló. Se encuentra cautivo en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como «La Modelo», en Tipitapa.
El joven es hermano del exreo político y exiliado Friedrich Mena Amador, liberado en el 2019, con la polémica Ley de Amnistía; además es sobrino del líder campesino Pedro Mena, desterrado el nueve de febrero a Estados Unidos, junto a otros 222 opositores.
Noticia relacionada: Demandan la liberación de Eddy Meléndez Lacayo, uno de los 35 presos políticos de Ortega
Fuentes revelaron en condición de anonimato a Artículo 66 que el opositor de 38 años estuvo exiliado por más de un año en Costa Rica, debido a la persecución, asedio y amenazas de muerte en su contra, sin embargo regresó a inicios de 2022 a Nicaragua y el 19 de abril fue secuestrado por la Policía luego de haber realizado unas compras en el Centro Comercial Metrocentro en Managua.
«Después que vino a Nicaragua, Sergio —Mena— trató de seguir con su vida, pero no estuvo donde vivía, sino que se cambiaba de lugar debido a que la Policía seguía acosándolo y vigilando la casa de sus familiares, pero solo bastó que viajará a Managua a hacer unas diligencias para que lo siguieran paramilitares; cuando iba a abordar su vehículo llegó la Policía y lo detuvo con violencia para luego acusarlo por posesión de drogas», relató una fuente cercana al preso político.
Otro informante señaló a un supuesto amigo de Mena Amador, de nombre Chester Hernández peña, de ser el «informante de la Policía» y quien en contubernio con los oficiales le pusieron la droga en el asiento trasero del automóvil.
«Cuando Mena se subió al carro la supuesta droga estaba junto a la bolsa de las compras del supuesto amigo que había pedido raid para ir a hacer compras al mismo Metrocentro, otras muchachas que iban en el mismo carro dijeron que esas cosas eran del amigo, pero el muchacho no regresó al carro porque supuestamente iba a botar una basura», agregó la fuente.
Noticia relacionada: Piden a la comunidad internacional presione por la liberación de 35 presos políticos nicaragüenses
Tras un proceso calificado como arbitrario, donde los testigos en contra del líder campesino fueron entre cinco a seis policías, la justicia al servicio del régimen Daniel Ortega condenó a siete años de prisión.
En cuanto a los testigos a favor del reo político, una persona cercana al opositor aseguró que sola una joven pudo atestiguar, porque la otra persona fue «intimidada por un policía que tomó su número al momento de la captura y la intimidó para que no llegara la juicio».
Piden sea incluido en la lista de presos políticos
Este próximo 19 de abril, Sergio Mena cumplirá un año en prisión, por un delito que su familiares aseguran que jamás cometió. Fotos facilitadas a este medio de comunicación muestran al joven en diferentes actos de protestas contra el régimen de Nicaragua en 2018.
Su familia exige su libertad inmediata porque aseguran y piden que sea incluido en la lista de presos políticos a quien Daniel Ortega se niega a liberar. «En un inicio la familia de Sergio tenía miedo incluirlo en la lista de presos políticos por las represalias que siempre hace la Policía y por temor a que le impusieran más años de condena, pero la verdad que este es un muchacho que por haber levantado su voz en contra del gobierno ahora está en prisión y fue desde un inicio víctima de agresiones y torturas», apuntó un informante.
La abogada defensora de derechos humanos Yonarqui Martínez explicó que debido a las amenazas que la dictadura de Nicaragua hace a los familiares de presos políticos, muchos han decidido guardar silencio para proteger sus vidas, «pero a medida que pasen los meses van a seguir saliendo casos de personas inocentes que fueron acusadas por delitos comunes por el simple hecho de ser opositores».
«La modalidad para acusar a opositores sigue siendo la misma, poniéndole drogas, armas y otros delitos graves para impedir que salgan», subrayó la jurista.
Hasta la fecha, la justicia de Ortega mantiene tras las rejas a más de 30 presos políticos, entre ellos a monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, condenado a 26 años de prisión más la pérdida de su nacionalidad por el supuesto delito de conspiración a la patria.
