La Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab) continúa exigiendo la liberación de monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, rehén de conciencia de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La Unab ha demandado al régimen que deje en libertad al obispo, que no ha cometido ningún delito y que está preso por elevar su voz contra las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses en el contexto de la crisis sociopolítica.
«El obispo Rolando Álvarez ha sido apresado, criminalizado y condenado ilegalmente como represalia por ser una voz crítica en contra de los abusos cometidos en contra del pueblo de Nicaragua por el régimen Ortega-Murillo. ¡Exigimos su libertad, es inocente!», escribió la organización opositora en su página de Facebook.
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El obispo acumula más de seis meses que fue tomado por la fuerza y secuestrado del Palacio Episcopal de la Diócesis de Matagalpa, de donde fue sacado con violencia la madrugada del 19 de agosto de 2022. Desde hacía 15 días ya estaba sitiado sin posibilidad de salir a sus labores pastorales.
La única referencia del sitio donde podría estar cautivo el obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, es que fue encerrado en el Sistema Penitenciario Nacional (SPN), conocido como «La Modelo». Ahí estaría cautivo el purpurado desde el nueve de febrero.
A inicios de febrero el régimen intentó desterrarlo de Nicaragua enviándolo en un avión a Estados Unidos, pero el prelado arruinó el plan de la pareja dictatorial y se negó a abordar el vuelo.
Su familia no lo ha visto
A día de hoy, su familia no ha podido verlo, según denunciaron medios locales y organismos de derechos humanos que documentan el caso del primer obispo encarcelado y condenado por la dictadura de Nicaragua.
Su hermana ha pedido a la justicia del régimen que le permitan ver a su pariente, pero todo ha sido inútil. No sabe dónde y cómo está. El prelado es parte del grupo de más de 30 presos políticos que la dictadura mantiene en sus cárceles, la mayoría está confinado en «La Modelo», en Tipitapa.
Después de resistirse a ser desterrado, el obispo fue llevado a los Juzgados de Managua donde lo sometieron a un juicio sumario exprés. Ese mismo día, el 10 de febrero, fue declarado culpable, lo condenaron a 26 años de cárcel, le arrebataron su nacionalidad y lo despojaron de sus derechos civiles y políticos de por vida.