La subsecretaria general de la Organización de naciones Unidas (ONU) presentó este viernes una actualización oral sobre el informe presentado por el grupo de expertos de la organización, esta vez destacando el caso del obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, encarcelado por el régimen de Nicaragua.
Durante su intervención la subsecretaria Ilze Brands Kehris hizo «un llamado al Estado de Nicaragua para que libere incondicionalmente a las 37 personas que aún se encuentran privadas arbitrariamente de su libertad, entre ellas monseñor Álvarez, cuyo estado de salud se desconoce, y a restituir la nacionalidad y demás derechos civiles, políticos, sociales y económicos a las más de 300 personas afectadas por las recientes decisiones».
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«Asimismo, instamos a Nicaragua a derogar toda legislación que impide el ejercicio de la participación política, las libertades de expresión, reunión y asociación, el derecho a la nacionalidad y el derecho a la propiedad con seguridad jurídica», añadió.
Tras ser declarado culpable, el 10 de enero, monseñor Rolando Álvarez fue sentenciado a 26 años de prisión por los supuestos delitos de menoscabo a la integridad nacional, propagación de noticias falsas y obstrucción de funciones.
Brands Kehris asegura que la Oficina «ha documentado un patrón de violaciones a las normas y estándares del debido proceso en los juicios de enero y febrero a las personas disidentes detenidas arbitrariamente desde agosto de 2022, al igual que la aplicación de sentencias no previstas en el Código Penal de Nicaragua, incluso con carácter retroactivo a quienes fueron condenados el año pasado».
Además, dio cuenta de testimonios sobre restricciones a los derechos económicos, sociales y culturales que sufren en Nicaragua quienes no poseen la cédula de militante del partido gobernante y refirió transgresiones de los derechos de los pueblos indígenas, mencionando, entre otros abusos, acciones violentas contra dos comunidades indígenas en el municipio de Waspam que causaron el desplazamiento de sus territorios ancestrales.
«Instamos al Estado de Nicaragua a que lleve a cabo investigaciones exhaustivas, garantice que los responsables sean llevados a la justicia y se otorguen reparaciones integrales a las comunidades afectadas», añadió Brands.
Ante esta situación, exhortó al Consejo de Derechos Humanos a promover todas las medidas pertinentes para revertir la actual crisis e impulsar la rendición de cuentas.