La Articulación Feminista de Nicaragua se pronunció en el Día Internacional de la Mujer denunciando la situación de las mujeres en el país centroamericano. El manifiesto fue leído por feministas centroamericanas ante las represalias que el régimen Ortega Murillo puede emprender contra las mujeres nicaragüenses.
En el pronunciamiento señalan que la «cruenta represión» del régimen ha dejado «un reguero de muerte, censura, destrucción del tejido social, colapso del estado de derecho y la instalación de un sistema totalitario», como muestra mencionan el destierro de opositoras, el despojo de la nacionalidad y la confiscación de sus bienes.
«Sobre los cuerpos de las mujeres nicaragüenses y en particular de las más pobres recae el peso de una crisis socioeconómica que la dictadura intenta esconder contando para ello con el apoyo de instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)», afirma.
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También refieren que en la búsqueda de cómo sobrevivir y ponerse a salvo de la represión, miles de personas nicaragüenses han sido obligadas a salir del país en condiciones irregulares, enfrentando en su desplazamiento toda clase de obstáculos y peligros que, en el caso de las mujeres, incluye situaciones de violencia machista. Además, mencionan que siete mujeres nicaragüenses exiliadas han sido víctimas de feminicidio este año.
«Ni las familias más pobres, mayoritariamente sostenidas por el trabajo precario de las mujeres, escapan de la rapiña del Estado. El costo inalcanzable de los productos de primera necesidad, la cada vez más deficiente atención en salud, el cobro ilegal de viviendas de interés social financiadas por la cooperación internacional, la ausencia de políticas de transferencias a los hogares en extrema pobreza, figuran entre los problemas desatendidos por un régimen que se declara socialista, solidario y comprometido con la equidad de las mujeres», destaca.
Trabajadoras del Estado sometidas a vigilancia
La Articulación Feminista aduce que las mujeres que trabajan en las instituciones del Estado, que muchas son el único sustento para sus hogares, son «rehenes del régimen Ortega Murillo en Nicaragua» y que son sometidas a «rígidos sistemas de vigilancia, al chantaje, con el fin de obligarlas a guardar silencio, quedarse calladas ante las violaciones a los derechos humanos».
Denuncia que la violencia machista contra las niñas y mujeres se ha incrementado con impunidad. Señala que entre 2017 y 2020 se presentaron 18 mil denuncias de violencia sexual, pero solo un 19 % fueron llevadas a juicio, sin que ello garantice condena para los agresores. Asimismo manifiestan que 150 organizaciones de mujeres han sido canceladas y confiscados sus bienes.
«Ante tanta barbarie, las feministas nicaragüenses hacemos un urgente llamado a la pluralidad de actores de la oposición nicaragüense a juntar voluntades para construir una alternativa de poder que nos permita salir de esta dictadura y sentar la base de una democracia que reconozca y respete los derechos de las y los nicaragüenses», concluye.
Calidh: «Mujeres atraviesan momentos difíciles» en Nicaragua
El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh) afirma que las mujeres nicaragüenses atraviesan uno de los «momentos más difíciles de la historia de su país en el marco de un gobierno irreversiblemente autoritario» que restringe los derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres a una vida plena y libre de violencia.
«Condenamos que las (mujeres) nicaragüenses, en el marco de la supresión de sus derechos, no puedan salir hoy a manifestarse a las calles ante la sociedad y las autoridades de gobierno. Asimismo, Condenamos la destrucción del derecho a la libre movilización, concentración y reunión impuesto por el gobierno de Nicaragua a las compatriotas de ese país», manifiesta.
Además, expresó su preocupación ante el aumento de la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres, en especial desde que el régimen «empezó a perpetrar los crímenes de lesa humanidad en abril de 2018». Asimismo denuncia el aumento de los femicidios, los femicidios en grado de frustración y las niñas y niños que quedan en la orfandad y el aumento de las formas de saña y crueldad en su perpetración.
«Demandamos que las mujeres víctimas de los diversos atropellos estatales que configuran crímenes de lesa humanidad sean reparadas integralmente, especialmente, las que han sido presas políticas, las proscriptas políticas, las desterradas y las que han tenido que huir para poder garantizar su vida y la integridad física», refiere.
Concluye expresando su solidaridad y cercanía con las mujeres que perdieron a sus hijos o esposos en la represión estatal ejercida por la dictadura Ortega y Murillo, cuyos crímenes siguen impunes.