La embajada de Estados Unidos en Nicaragua reveló este martes, siete de marzo, que el 98 % de las solicitudes de migrantes nicaragüenses al nuevo programa migratorio de «parole, están siendo aprobadas».
La sede diplomática no precisó el número de nacionales de Nicaragua beneficiados con el programa que busca reducir los altos niveles de migración irregular en la frontera sur de Estados Unidos, uno de los destinos más buscados por las personas que huyen del país centroamericano.
«El 98% de las aplicaciones de nicaragüenses al programa de Parole están siendo aprobadas», escribió la delegación diplomática en su cuenta de la red social Twitter.
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Además, instó a los ciudadanos a aplicar al programa de parole. «No le tenga miedo a la aplicación, puede que califique. Realice el trámite y deje que los EE.UU. decidan», subrayó.
La solicitud del parole humanitario la debe iniciar una persona que viva en Estados Unidos. Estos son los requisitos que deben cumplir si desean convertirse en patrocinadores de los migrantes nicaragüenses: Ser ciudadano estadounidense; ser un residente legal en Estados Unidos (green card); estar amparado bajo un Estatus de Protección Temporal (TPS); ser asilado en EE. UU.; ser refugiado en EE. UU.; o tener cualquier otro estado de permanencia legal permanente o temporal en Estados Unidos.
Las personas que participen en estos procesos deben tener un apoyo en los Estados Unidos que acepte brindarles ayuda financiera durante la duración de su libertad condicional en los Estados Unidos. El primer paso en el proceso es que el patrocinador con sede en EE. UU. presente un Formulario I-134A, la solicitud en línea para ser patrocinador y declaración de apoyo financiero para cada beneficiario que busca apoyar, incluidos los niños menores. Los documentos están disponibles en https://www.uscis.gov/CHNV
Luego, el gobierno de los EE. UU. revisará la información del patrocinador provista en el Formulario para asegurarse de que puedan apoyar financieramente a los beneficiarios a los que están de acuerdo en apoyar. El acceso a los procesos es gratuito. Ni el patrocinador con sede en los EE. UU. ni el beneficiario están obligados a pagar una tarifa al gobierno norteamericano para ser considerado para autorización de viaje o libertad condicional.
