Venezuela cuestionó este martes la imparcialidad de la Corte Penal Internacional (CPI), cuya fiscalía investiga al gobierno del presidente Nicolás Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad.
En un escrito formal con argumentos en contra del proceso, las autoridades venezolanas denunciaron “los vínculos probados de la fiscalía de la CPI con organizaciones no gubernamentales que han aportado información contra las autoridades nacionales en este asunto, lo que pone en duda la debida imparcialidad y objetividad de dicha corte”, según un comunicado.
Habló además de “las diversas irregularidades y violaciones del debido proceso cometidas por la fiscalía de la CPI, incluyendo la indefensión a la que ha sido sometido el Estado venezolano durante todo el trámite”.
Este martes vence el plazo para que Venezuela envíe sus argumentos en contra de la investigación, abierta formalmente en 2021.
“Venezuela aportó abundante información que evidencia el carácter político del proceso iniciado en la CPI en 2018, como parte de la estrategia de ‘cambio de régimen’ impulsada por el Gobierno de los Estados Unidos de América”, según el comunicado.
La CPI, con sede en La Haya, investiga presuntos atropellos cometidos durante la represión de manifestaciones antigubernamentales en 2017 que dejaron unos 100 muertos.
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Las autoridades venezolanas insisten en que los atropellos a los derechos humanos fueron castigados, perseguidos y juzgados por su propio sistema judicial, aunque opositores y expertos sostienen que las condenas a agentes del orden solo se emitieron para evitar el juicio.
Las víctimas de presuntos crímenes de lesa humanidad tienen hasta el 7 de marzo para aportar testimonios. El 31 de ese mes, el fiscal Karim Khan debe presentar un informe en respuesta a los alegatos del Estado venezolano.
A partir de abril, la Sala de Cuestiones Preliminares decidirá sobre la continuación del proceso.
La CPI y Venezuela firmaron en 2021 un acuerdo en el que Caracas se comprometió a tomar medidas para que el organismo pudiera trabajar. En marzo de 2022, los investigadores abrieron una oficina en la capital venezolana. Un mes después, Khan rechazó aplazar la investigación.
