La prolongada crisis sociopolítica y de violación a los derechos humanos que vive Nicaragua desde 2018 una vez más se abordó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La comunidad internacional se mostró alarmada por el destierro y el despojo de la nacionalidad nicaragüense a centenares de opositores, como mecanismo de represión contra quien disiente con Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El 52 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebrado en Ginebra, Suiza, inició este lunes, 27 de febrero, con un debate de alto nivel con jefes de Estado y ministros de Relaciones Exteriores, en el que Costa Rica, Chile y Paraguay elevaron sus voces por la situación de Nicaragua.
El canciller de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco, catalogó al gobierno de Nicaragua como una «democracia en decadencia» que ha dado muerte a la división de poderes, «amañado elecciones y reducido sus poderes judiciales y legislativos a la categoría de simples marionetas del tirano en ejercicio y que han expulsado a quienes tildan de disidentes al destierro y la apatridia».
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«En este sentido, nos continúa preocupando especialmente la situación de los derechos humanos en la hermana República de Nicaragua», resaltó el diplomático costarricense.
Asimismo, Antonia Urrejola, canciller de Chile, aseguró que «la represión que sufren los opositores al régimen dictatorial imperante en Nicaragua demanda una respuesta oportuna y a la altura».
Piden renovar mandato del Grupo de Expertos de la ONU
Julio César Arriola, ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, manifestó la consternación de su gobierno por el creciente deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua.
«El espacio cívico está siendo particularmente afectado con represiones sistemáticas y detenciones arbitrarias a oponentes políticos, defensores de derechos humanos, periodistas y el cierre de más de dos mil organizaciones no gubernamentales», sostuvo el canciller.
«Es obligación moral del Consejo de Derechos Humanos enviar un mensaje claro a las víctimas para que sepan que no están solos y que el sistema les acompaña asegurando la renovación del mandato del Grupo de Expertos», apuntó.
Por su parte, el Gobierno de Finlandia también pidió no olvidar las situaciones prolongadas y graves como la de Nicaragua. «Desde el punto de vista de Finlandia, es importante crear soluciones que protejan los derechos humanos. Para que se produzca una verdadera reconciliación, las víctimas de violaciones deben obtener justicia», indicó.
Crisis de Nicaragua, en la agenda de la ONU
La agenda del 52 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos incluye la presentación del informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado el 31 marzo del año pasado.
El régimen orteguista se negó a autorizar la entrada de este grupo de expertos, que tiene como objetivo «realizar investigaciones exhaustivas e independientes sobre todas las presuntas violaciones y abusos de los derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018, en particular las posibles dimensiones de género de dichas violaciones y abusos, y sus causas estructurales fundamentales».
El 52 periodo de sesiones se desarrollará del 27 de febrero hasta el 4 de abril y se espera que se apruebe una resolución sobre la crisis de Nicaragua, que incluye la renovación del mandato del Grupo por un año más.