Opositores al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo afirman que la impunidad en Nicaragua se agravó y se hizo más notoria a partir de la crisis de abril de 2018, año que se registró una revuelta social que la dictadura ordenó reprimir a sangre y fuego.
Esa impunidad se ha visto reflejada, según expertos y opositores, en los informes internacionales que ubican a Nicaragua como el país más corrupto e impune de Centroamérica. A nivel de Latinoamérica solo es superado, en estos índices, por Venezuela y Haití.
El Primer Atlas de la Impunidad Mundial, publicado el 17 de febrero, con el apoyo analítico de Eurasia Group, ubica Nicaragua como el país más impune de Centroamérica y el tercero en Latinoamérica, ocupando el puesto 38.
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La opositora Alexa Zamora, una de las 94 personas declaradas apátridas, señala que la puntuación que se le dio a Nicaragua se debe a los bajos niveles que obtuvo en los indicadores de gobernabilidad democrática y derechos humanos.
«No es un secreto para nadie que la gobernabilidad democrática está directamente relacionada con la institucionalidad. Nicaragua no es precisamente el mejor ejemplo de institucionalidad, todo lo contrario, se ha venido desintegrando a tal punto que todo el poder se concentra en la pareja dictatorial (Daniel Ortega y Rosario Murillo)», dijo Zamora a Artículo 66.
«Si bien es cierto que el retroceso más evidente se ha dado de 2018 a la fecha debido, no solamente por la crisis sociopolítica, sino a la escalada de la represión en Nicaragua, donde no hay libertad religiosa y sin perder de vista los procesos de desnaturalización que son arbitrarios y violatorios de los más elementales derechos humanos», añadió.
Nicaragua se posiciona como la nación con peor puntuación en el istmo en las dimensiones de gobernabilidad (14) y abuso a los derechos humanos, con 36 puntos. Los números que peor califican al gobierno de Ortega se basan en los abusos de poder cometidos a raíz de las protestas sociales de 2018 que dejaron a más de 300 asesinados, según organismos de derechos humanos, agregándole a esto las detenciones arbitrarias y condenas por delitos inventados.
Práctica promovida por Ortega y Murillo
La socióloga e investigadora Elvira Cuadra y el opositor Héctor Mairena, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), consideran que en Nicaragua la impunidad es «promovida» por el mismo régimen. Esto se demuestra, según Mairena, cuando el Ejecutivo controla total y absolutamente el Poder Judicial y todo el sistema de justicia en el país.
«Mediante ese control no solamente ha acusado, condenado a las personas que nos oponemos al régimen en juicios espurios, aplicando leyes que carecen de toda legalidad; sino que también protege a quienes han cometido crímenes y corrupción», afirmó Mairena.
«La dictadura es quien mantiene en Nicaragua un sistema de impunidad, particularmente desde el año 2018. Pero este estado de impunidad frente a la corrupción y los crímenes es el cemento que une al orteguismo y sus adeptos. Al mantener en estado de impunidad y de protección a sus criminales; así logra un apoyo que compra de esa manera. La dictadura de los Ortega Murillo es el sostén de la impunidad en Nicaragua», añadió.
Cuadra señala que la impunidad es una práctica sistemática que el régimen han impulsado entre todos los funcionarios públicos para encubrir actos de corrupción y graves violaciones a los derechos humanos.
«Con es práctica de impunidad se ha protegido a personas, comenzando por el propio Daniel Ortega y Rosario Murillo que han cometido crímenes de lesa humanidad; han asesinado a personas en el marco de las protestas de 2018; han violentado sistemáticamente las leyes que existen en Nicaragua, la Constitución Política y que diariamente hacen uso de su poder en las instituciones públicas para mantener un estado policial sobre toda la sociedad nicaragüense», indicó la socióloga.
Control absoluto sin equilibrio
La experta en temas de anticorrupción Martha Patricia Molina indicó a Artículo 66 que mientras Nicaragua siga bajo la dictadura de Ortega y Murillo los indicadores y estudios a nivel mundial respecto a estos temas, como la impunidad y la corrupción, siempre van a ser negativos.
«La impunidad está definida como el ejercicio del poder sin controles ni equilibrio, y es precisamente lo que está ocurriendo en Nicaragua. Los altos niveles de corrupción, el abuso de poder, la nula rendición de cuentas y el inexistente acceso a la información pública, posibilita un incremento en la impunidad», manifestó.
El estudio también destaca las formas en que la impunidad socava las sociedades democráticas y la rendición de cuentas se manifiesta en los sistemas no democráticos. Las variaciones en la impunidad se reducen en última instancia a la política, el liderazgo y las opciones de política.
«Tenemos un Poder Ejecutivo que administra el dinero público sin rendir cuenta y una Contraloría General de la República que no cumple con su trabajo de der un ente fiscalizador. Al mismo tiempo esta institución proyecta siempre cifras en su informe de gestión anual que responde a auditorias que son maquilladas para dar la impresión que las contrataciones del Estado y el gasto del dinero público se efectúan acorde a lo que establecen las leyes, pero esto no es así», añadió Molina.
Mairena considera que los altos índices de corrupción e impunidad tendrán que cambiar necesariamente porque «la conquista de la democracia en Nicaragua está íntimamente ligada a la demanda de justicia».