Las organizaciones internacionales FIDH, CIDH, Amnistía Internacional, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM- Defensoras), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), Cejil, Raza e Igualdad, entre otras, repudiaron enérgicamente la nueva «arbitrariedad del régimen sin siquiera un juicio» de despojar de su nacionalidad a otros 04 nicaragüenses.
Se solidarizaron en particular con la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüenses de Derechos Humanos (Cenidh), quien, señalan, se encuentra «en situación de riesgo» en Nicaragua; y piden se le garantice su integridad y seguridad.
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El subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, se sumó a la ola de condenas que ha provocado la decisión del régimen, calificando el acto de «deplorable que aleja a los nicaragüenses de la democracia que se merecen».
Asimismo, Peter Stano, portavoz de la Unión Europea, manifestó que «estas acciones son injustificables y aumentan el riesgo de profundizar el aislamiento internacional de Nicaragua» y pidió al régimen que las revierta de inmediato.
Abogados defensores de derechos humanos calificaron de «inconstitucional» y carente de «legalidad» la reciente arremetida del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de 94 nicaragüenses, a quienes despojó de su nacionalidad, de sus derechos políticos y les confiscó los bienes.
En la lista de afectados figuran sacerdotes, defensores de derechos humanos, exfuncionarios de la dictadura, opositores y periodistas.
El abogado y exfuncionario del Poder Judicial, Yader Morazán, a quien el régimen nicaragüense incluyó en la lista de supuestos prófugos de la justicia, denunció que lo «sorprendente» es que jueces y magistrados «hacen una simulación de proceso, creyendo que con solo el hecho de vestir una toga, esas decisiones tienen algún tipo de apariencia de legalidad o legitimidad».
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La Fiscalía de Italia informó que se hizo efectiva la detención del fray Damián Muratori, quien fue expulsado de Nicaragua tras ser acusado por las autoridades de Roma del supuesto delito de violencia sexual.
El religioso fue arrestado el miércoles, 15 de febrero, por la Policía italiana tras su llegada al Aeropuerto Internacional Leonardo Da Vinci, en Roma.
El sacerdote, perteneciente a la orden franciscana, vivió en Nicaragua durante más de 40 años y era el encargado del Santuario El Tepeyac, en San Rafael del Norte, Jinotega.
La expulsión de Muratori de Nicaragua se produjo después de que el religioso se pronunciara por el encarcelamiento de monseñor Rolando Álvarez.