La exguerrillera sandinista Mónica Baltodano, junto a su esposo, Julio López Campos, y su hija Mónica López Baltodano, denuncian el despojo de su ciudadanía de parte del régimen de Nicaragua. La familia afirma que a pesar de esta nueva arremetida «no nos van a callar».
Recuerdan que en agosto de 2021 fueron «forzados a exiliarnos luego de un implacable asedio policial en nuestros hogares cuyo objetivo era secuestrarnos. Hoy, enfrentamos un pusilánime decreto dictatorial que pretende quitarnos nuestro derecho a ser nicaragüenses», refiere un comunicado emitido este jueves, 16 de febrero.
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Baltodano y su familia se unieron a la amplia lista de ciudadanos que se vieron obligados a exiliarse para preservar su libertad e integridad debido a la represión gubernamental, persecución y hostigamiento que genera la dictadura orteguista desde el año 2018 a opositores.
En septiembre de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió medidas cautelares a Mónica López Baltodano y sus allegados, porque «los derechos a la vida e integridad personal de la propuesta beneficiaria se encuentran en grave riesgo. El organismo consideró en ese momento que dicha situación de riesgo se extiende a su núcleo familiar, quienes también podrían verse afectados».
Baltodano denunció que su familia podría ser apresada por su papel de opositoras y por las incesantes acciones de espionaje, presencia cotidiana de la inteligencia policial, hostigamiento y persecución política de la dictadura Ortega-Murillo.
A la familia Baltodano le fue confiscada la Fundación Popol Nah después que la cancelaron su personalidad jurídica junto a otro grupo de ONG en diciembre de 2018. En las instalaciones de esa organización, el régimen ordenó al Ministerio de Salud instalar una casa materna.
«El temple de cada persona presa política, de cada persona que resiste en silencio, de quienes se organizan para conquistar la libertad en Nicaragua, es lo más valioso que tenemos. Son más de veinte años que llevamos enfrentando a la dictadura de los Ortega-Murillo. No nos van a callar», finaliza el escrito.
Los tres forman parte de un grupo de 94 ciudadanos nicaragüenses a los que el régimen ordenó arrebatarles la nacionalidad. En esta nueva arremetida, el régimen privó de ese derecho a periodistas, defensores de derechos humanos, opositores, activistas, feministas y sacerdotes católicos.
Toda esta familia que fueron aliados de Daniel Ortega por décadas y robaron propiedades en la piñata, horripilante historias de ejecución de exguardias hacen pensar que karma está haciendo su trabajo al aplicársele a estos esbirros sandinistas que hoy reciben lo que ayer le aplicaron a los qué persiguieron cuando gozaban del poder de los 80’s y 90’s. Celebrando qué dio justicia confiscando y declarándolos apátridos ya que ayer ellos lo hicieron con miles de exiliados en la década perdida de 1980’s.
Ratas sandinistas qué hoy se disfrazan de honrados cuando la casa donde tenían la Fundación fue robada a la familia Saborio. Si que son sinverguenzas e inmorales que quieren tapar el sol con un dedo. Todo Nicaragua sabe la calaña de esta familia de oportunistas vividores que nunca han trabajado en su vida. Viven de la política y del oportunismo qué se presente.
Articulo 66 pertenece a los Baltodano o la opinion publica de Nicaragua, ustedes defienden a todos los excomunistas de los 80’s y 90’s pero callan cuando atacan a los que no son de esa tendencia autoritaria.