Defensores de derechos humanos y diversas voces de la sociedad han respaldado la propuesta de nominar a monseñor al Premio Nobel 2024. Entre ellas, el sacerdote exiliado Uriel Vallejos, también perseguido político del régimen de Nicaragua, quien pidió el apoyo a los «amantes de la justicia, la libertad y la democracia».
El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh) también manifestó su apoyo a la postulación, al tiempo que expresó su rechazo por la decisión del régimen nicaragüense de trasladar al prelado a una celda de castigo.
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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo despojó de su nacionalidad a otros 94 nicaragüenses, a los que acusa de ser supuestos traidores de la patria.
En la lista se incluyen activistas, analistas políticos, periodistas, escritores, defensores de derechos humanos y religiosos.
El magistrado sandinista Ernesto Rodríguez fue el encargado de leer la resolución:
Entre ellos, el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez; el periodista Carlos Fernando Chamorro; la líder campesina Francisca “Chica” Ramírez; el exmagistrado Rafael Solís; la defensora de derechos humanos Vilma Núñez de Escorcia; y el periodista Álvaro Navarro, director de Artículo 66.
La dictadura les impuso penas accesorias como la inmovilización y decomiso de todos los bienes inmuebles y sociedades que estos tengan inscritos a su favor, ya sea a título personal o de persona jurídica o sociedades en la que participan como socios.
19 organizaciones que integran la denominada «Coalición Nicaragua Lucha» demandó a los países del continente renovar el mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), así como el monitoreo al Alto Comisionado en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación del país.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua fue establecido en marzo de 2022 por las Naciones Unidas con el propósito de investigar los abusos y violaciones a los derechos cometidos desde abril de 2018 en el país y, de ser posible, identificar a los responsables para futuras rendiciones de cuentas.
El periodo para llevar a cabo las investigaciones es de un año, lo cual resulta muy corto, según la Coalición Nicaragua Lucha.
El régimen canceló otras 25 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), entre ellas dos provenientes de Estados Unidos, y en su mayoría, religiosas.
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Entre las disueltas se encuentran la Asociación Ministerio de Dios el Dador Alegre (Medida), Asociación Misión Cristiana Rey de Reyes (Rey de Reyes), Asociación Ministerio Evangelístico «Cristo es la Respuesta» y la Asociación Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús
La dictadura de Nicaragua ha «descabezado» a más de tres mil asociaciones entre nacionales e internacionales que operaban en el país desde la represión de 2018.