Este jueves, nueve de febrero, una lista de 222 presos políticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo fue trasladada desde los distintos penales de Nicaragua y la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) en Managua en un vuelo privado con destino a Washington. Sin embargo, este número es menor que el actualizado recientemente por el Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas.
La lista de personas «deportadas» por la dictadura de Nicaragua fue revelada esta mañana, pero el número exacto deja fuera a 23 personas de las 245 detenidas hasta enero de 2023. El dato destacó 10 nuevas detenciones, principalmente de pobladores vinculados con la Iglesia católica y familiares de presos políticos.
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Según la información, el grupo, que representa más del 80 % de los detenidos por el régimen, incluye candidatos a la Presidencia de Nicaragua, periodistas, defensores de derechos humanos y activistas.
«El uso de las celdas de máxima seguridad, las condiciones de insalubridad de las celdas y los malos tratos y torturas han impactado negativamente en el estado físico de ellos, generando enfermedades como alergias por hongos, ceguera por la falta de luz, estreñimiento, dolores de hueso por los golpes y secuelas por COVID-19. Así como también estrés, ansiedad y depresión», refirió un reciente informe del mecanismo.
Según la lista de opositores desterrados se encuentran Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil, Yubrank Suazo, Lesther Alemán, Suyen Barahona, Miguel Mendoza, Medardo Mairena, Max Jerez, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri, Violeta Granera, Tamara Dávila y Miguel Mora, quienes según denuncias de organizaciones defensoras se encontraban bajo torturas físicas y psicológicas.
A mediados de agosto de 2022, Aguerri fue enviado bajo el régimen de casa por cárcel, mientras que Maradiaga y Chamorro y Granera fueron presentados ante los medios de propaganda de la dictadura a finales de agosto e inicios de septiembre, se les notó la pérdida de peso y los estragos que ha causado más de un año de encierro forzado.
La justicia orteguista impuso sentencias de 13 años contra Chamorro y Maradiaga, mientras que Granera fue condenada a ocho años. Los rehenes de conciencia enfrentaron siete audiencias que, según sus defensores, estuvieron «plagadas de irregularidades». Durante el juicio, a Chamorro y Maradiaga «se les impidió hablar en cualquier momento de su juicio; solo se les permitió indicar «sí» o «no» con la cabeza e incluso fueron castigados por hacerlo con demasiado entusiasmo.
Por otra parte, los líderes estudiantiles y dirigentes de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) Alemán y Jerez fueron detenidos con violencia en un operativo policial cuando se encontraban en sus viviendas. Ambos fueron sentenciados a 13 años de prisión cada uno. Fueron acusados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo por el delito de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional».
Ortega y Murillo emprendieron una cacería de opositores de mayo a noviembre de 2021 en la víspera de las elecciones presidenciales. En esa brutal arremetida encarceló a dirigentes estudiantiles, líderes campesinos, candidatos presidenciales, activistas de derechos humanos, feministas, periodistas, analistas políticos y miembros de la oposición. Según el Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas. Los opositores en las cárceles del país y todos eran sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes.
A la mayoría de los «deportados» el régimen los había acusado de «traición a la patria y menoscabo a la defensa, la soberanía y autodeterminación para la paz».
