Al menos tres integrantes de la familia Chamorro fueron desterrados entre los 222 nicaragüenses que el régimen de Daniel Ortega ordenó enviar a Estados Unidos. En la primera fotografía a lo interno del avión se ve a Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro Barrios, y Juan Lorenzo Holmann Chamorro, primo de Cristiana y Pedro Joaquín.
La familia Chamorro ha marcado la vida política de Nicaragua a lo largo de la historia, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal fue director mártir del diario La Prensa, un legado que ha seguido su familia pese a la persecución del régimen sandinista en los años 80 y en la actualidad.
Violeta Barrios de Chamorro, madre de Cristiana, fue la primera mujer presidenta de Nicaragua y devolvió la democracia al país centroamericano. Es la única persona que ha derrotado a Daniel Ortega en las urnas en 1990, año que marcó al fin de una dictadura sangrienta que dejó luto y dolor a las familias nicaragüenses.
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Los tres miembros de la familia Chamorro fueron sometidos a juicios políticos, declarados culpables y condenados a varios años de cárcel. Organismos internacionales denunciaron que los procesos penales carecen de legalidad y demandaron la liberación de los detenidos.
Los presos políticos también fueron despojados de su nacionalidad nicaragüense, según una reforma al artículo 21 de la Constitución Política de la República. La iniciativa de reforma constitucional fue presentada por 74 diputados de la aplanadora orteguista ante la Asamblea Nacional.
Despojados de la nacionalidad
El artículo 21 de la Constitución Política establece que «la adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad serán reguladas por las leyes». Según la justificación de la reforma, los presos políticos son considerados «traidores de la patria» bajo la supuesta violación de la Ley de Soberanía y por eso pierden su nacionalidad nicaragüense.
En una conferencia de prensa en los Juzgados de Managua, la dictadura reconoció el destierro al que sometió a 222 personas presas políticas como una «deportación inmediata para el cumplimiento de sus sentencias».
«En conformidad con las leyes de la defensa a los derechos del pueblo a la defensa, la soberanía y autodeterminación para la paz. Los sentenciados que por diferentes ilícitos violentaron el ordenamiento jurídico y constitucional, atentando contra la sociedad nicaragüense, perjudicando el interés supremo de la nación, por consiguiente se ordena la deportación inmediata y ya efectiva de 222 personas», leyó el orteguista Octavio Ernesto Rothschuh Andino, presidente de la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua.
