El colectivo feminista Grupo Venancia denunció la mañana de este cho de febrero la ocupación de sus instalaciones por parte del régimen Ortega-Murillo. La acción llegó después de ocho meses de la cancelación de su personalidad jurídica. La organización laboraba desde hace 31 años en distintas zonas de Nicaragua apoyando en zonas urbanas y rurales, al igual que a poblaciones adultas y jóvenes.
«Nuestra sede ha sido un espacio de encuentro y creación, y aunque ya no estemos físicamente en ese lugar, las semillas que desde ahí fueron sembradas siguen multiplicándose. Reiteramos que, aunque cerraron nuestras puertas, de ninguna manera borrarán nuestro compromiso por una patria libre de violencias en todas sus dimensiones», refiere el colectivo.
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El comunicado denuncia que desde las 9 de la mañana de este miércoles, «se encuentran oficiales de Policía, antimotines, personal de la PGR y civiles tomándose por la fuerza las instalaciones donde trabajamos por 31 años, en el barrio Guanuca de Matagalpa. El despojo de nuestro inmueble es un paso arbitrario más tras la ilegal cancelación de nuestra personería jurídica, porque ya sabemos que las leyes son papel mojado en este país. Esta es otra muestra de la violencia estatal en contra de nuestros derechos».
Reiteran que las instalaciones del Grupo Venancia durante todos sus años de actividad fueron «una casa abierta para la reflexión feminista y el empoderamiento personal y colectivo de mujeres de todas las edades, principalmente de las zonas rurales de diversos departamentos del norte de Nicaragua. También ha sido un espacio para la sanación de las heridas que deja la violencia atendiendo a mujeres y niñas víctimas y sobrevivientes, y una tarima para promover la cultura, el arte y el activismo en esta ciudad».
«Las Venancias», como también era conocido el grupo feminista, brindaba procesos de educación y comunicación popular en Matagalpa y Jinotega desde 1991.
Desarrollaban procesos de empoderamiento personal y colectivo, luchaban contra la violencia machista y acompañaban en la sanación de las secuelas que les dejaba a las víctimas. Además, las instalaciones también fueron un espacio de «denuncia y acuerpamiento, un punto de encuentro para personas de la comunidad LGBTQ+, no solo para reflexionar sobre sus derechos, sino para celebrar el orgullo sin ningún tipo de discriminación. Esto es un robo, ni siquiera es una confiscación, porque no están cumpliendo los procedimientos legales para ello».
«Nos despojan del local, pero no de nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos en toda su extensión, ni del ideal de una Nicaragua con justicia, libertad y democracia, donde trabajar por el bien común y defender derechos no sea delito», finaliza el comunicado del colectivo.
De 2018 a la fecha, el régimen de Ortega ha aniquilado a más de tres mil organizaciones que se enfocaban en apoyar a las poblaciones más vulnerables en temas de salud, nutrición, educación, combate a la violencia, entre otras.