El régimen de Daniel Ortega canceló este viernes la personalidad jurídica de 17 Organizaciones No Gubernamentales relacionadas a enfermos renales crónicos, asociación de comerciantes y de banqueros.
Según la dictadura, estas «incumplieron las leyes» al no presentar sus estados financieros ni contar con una junta directiva vigente. Un alegato que, en ocasiones anteriores, ha sido desmentido por algunas oenegés afectadas.
Entre las canceladas están la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) y la Fundación AMARTE, promotora de la Ley de Bienestar Animal.
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La Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) fue fundada en 1993 con el objetivo de «facilitar el intercambio de experiencias para mejorar las condiciones del entorno bancario y estrechar relaciones entre gobierno y sector privado en la promoción de mejores prácticas bancarias».
Asobanp estaba conformada por directivos del Banco de Finanzas (BDF), Banco Ficohsa, BAC Credomatic, Banco Lafise, Banpro y Avanz Nicaragua.
Un economista nos comentó bajo anonimato que la cancelación de Asobanp es una «pasada de cuentas de carácter político», luego que, en 2019, la organización se posicionara en contra de la Ley de reforma a la concertación tributaria propuesta por el régimen de Daniel Ortega.
Las entidades bancarias «seguirán trabajando de manera normal porque, de manera individual, los seguirá regulando la Siboif», pero ya no van a tener la posibilidad de presentar ante el Ejecutivo una posición conjunta.
Otro de los aspectos que señaló el economista es que con la ilegalización de Asobanp, la dictadura de Nicaragua podría pretender «crear su propia asociación de bancos».
La Unidad Sindical Magisterial de Nicaragua (USMN) denunció que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo está promoviendo un diplomado para maestros enfocado en presentarles las leyes de Ciberdelitos, de Agentes Extranjeros y la llamada «Ley de Soberanía», normativas calificadas de represivas por organizaciones políticas y de derechos humanos.
Las leyes fueron aprobadas entre octubre de 2020 y enero 2021, y han sido los instrumentos jurídicos para arrestar y condenar a dirigentes gremiales y opositores, así como para aniquilar a la sociedad civil.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo aumentó la cifra de reos políticos a 245 al mes de enero del presente año, de acuerdo al Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas.
Con este dato, se reflejan 10 nuevas detenciones, principalmente de pobladores vinculados con la Iglesia católica y familiares de presos políticos.
La organización señala que, durante los dos últimos meses, observaron «el uso incremental de agresiones a familiares de personas presas políticas y activistas. Estos actos han sido utilizados por el Estado como mecanismos ejemplificantes y aleccionadores, que buscan profundizar la autocensura y desmovilización ciudadana frente a la lucha por la libertad de personas presas política».
El presidente Daniel Ortega criticó el jueves a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a su secretario general, António Guterres, durante un encuentro en Managua con el ministro de Exteriores de Irán, Hosein Amir Abdolahian.
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“¿Para qué sirven Naciones Unidas? Si Naciones Unidas, su Asamblea General, ha votado innumerables veces para que se suspenda el bloqueo (embargo estadounidense contra Cuba) y no pasa nada”, reprochó el mandatario sandinista.
A juicio de Ortega, el hecho de que Estados Unidos no cumpla con las resoluciones de la Asamblea General de la ONU “significa que Naciones Unidas está en mano del imperio yanqui y que el secretario general de Naciones Unidas simplemente es un instrumento de la política imperialista”.
