El obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, monseñor Rolando Álvarez, será llevado este lunes, 23 de enero, a los Juzgados de Managua donde iniciará el «juicio oral y público» por pos presuntos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.
La abogada privada del obispo de Matagalpa ha «rogado» por tener acceso a la acusación contra el purpurado, según reveló el abogado y experto en administración de justicia, Yader Morazán, en su cuenta de Twitter donde también advirtió sobre la audiencia de juicio del jerarca.
Monseñor Rolando Álvarez es el primer obispo de la provincia eclesiástica de Nicaragua que es encarcelado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Otros sacerdotes, laicos, periodistas y seminaristas también fueron tomados como presos políticos por el régimen. Algunos son acusados de los mismos delitos que el obispo y otros por delitos comunes.
Noticia relacionada: Calidh: Proceso contra monseñor Álvarez «viola los compromisos internacionales de derechos humanos»
El religioso fue arrestado con violencia el 19 de agosto de 2022 en la Curia Episcopal de Matagalpa, en horas de la madrugada fue sacado por un fuerte contingente policial que lo mantuvo cautivo por 15 días. Fue trasladado a Managua a una vivienda familiar.
El pasado 10 de enero fue llevado ante la justicia orteguista a una audiencia inicial, ahí la judicial admitió la causa, lo mantuvo en arresto domiciliario y le remitió a juicio para este lunes, en horas de la mañana.
Los «falsos testigos»
El régimen, durante el proceso penal, llamará como «testigos» a propagandistas de Matagalpa y oficiales de Policía para simular la «culpabilidad» en el juicio político contra el obispo. En la lista hay una comunicadora y trabajadores de la alcaldía de esa ciudad.
Una de las testigos es la propagandista del régimen Elba Marina Rayo quien trabaja en «Radio Insurrección» que opera dentro del Departamental del Frente Sandinista de Liberación nacional (FSLN). «Desde donde se dirigió la represión de abril del 2018. Antes abrazaba a Mons. Álvarez, y ahora declarará en su contra», criticó el exfuncionario judicial.
Otra testigo de contra el obispo será Josefa Azucena Jirón López, secretaria del Ministerio de Educación de Matagalpa. La mujer ha recibido reconocimientos de parte del alcalde Sadrach Zeledón y ha participado en actividades de la Policía sancionada.
Otro de los testigos contra el obispo Rolando Álvarez es Erling Francisco Picado Montoya. Recientemente fue nombrado defensor público en el Complejo Judicial de Matagalpa. Su esposa, Maritza Rodríguez, fue concejal de la alcaldía.
Entre los testigos está Nieves Martínez, a quien la justicia orteguista pretende usar para inculpar a monseñor Rolando Álvarez, pero el laico aseguró que no traicionará al obispo de Matagalpa ni a la Iglesia católica. «Nunca me he vendido ni traicionaré a mi iglesia ni a nuestros sacerdotes y viva monseñor Rolando», escribió en su perfil de Facebook Hernández Flores.
El ciudadano matagalpino también sostuvo que «aunque me involucren en algo que no tengo que ver nada, mi conciencia siempre limpia y sigo apoyando a nuestros sacerdotes y viva Cristo Rey, viva nuestro obispo y sacerdotes».
La persecución religiosa
La persecución del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la Iglesia católica y sus sacerdotes se «agravó» en el año 2022, refleja el informe anual «Nicaragua: Se impone el terror, persiste la resistencia» del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
El organismo considera que la dictadura persigue el «propósito perverso» de destruir la autoridad de la Iglesia católica que le ha dado la ciudadanía nicaragüense a raíz de su labor pastoral en el contexto de la crisis social, política, económica y de derechos humanos que atraviesa el país desde abril de 2018.
«Este patrón represivo incrementó de tal manera que pasó de, daños a la infraestructura de las iglesias e imágenes sacras, hostigamientos durante misas, a la persecución, amenazas de muerte, agresiones, detenciones arbitrarias, criminalización y judicialización de sacerdotes», analiza el Cenidh en su informe del año pasado.