El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh) afirma que sigue de cerca y con «preocupación» el proceso en contra del obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, catalogando la causa como «arbitraria» por carecer de garantías legales que le corresponden al líder religioso.
«El proceso abierto contra el obispo Álvarez es arbitrario y viola los compromisos internacionales de derechos humanos asumidos por el Estado de Nicaragua. Carece de las garantías, que no necesitan estar escritas en ninguna ley porque son parte del derecho internacional inmodificable. Derechos como el ser puesto de inmediato ante la autoridad judicial, el derecho a ser liberado ante la inexistencia de una acusación en un plazo razonable, el derecho de defensa, de ser tutelado por autoridades judiciales ante las arbitrariedades manifiestas fueron violados antes de que empezara este proceso en su contra», destaca el organismo internacional.
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Añaden que se encuentran preocupados que, «sin que exista ningún motivo fundado de que monseñor huya u obstruya el proceso, en arreglo con la ley procesal penal nicaragüense, no se le permita la medida cautelar de libertad, a pesar de su condición de salud. Esto da cuenta que las autoridades judiciales niegan a Álvarez la finalidad humanitaria que tiene el proceso penal en Nicaragua. Toda desmejora de la salud del obispo es responsabilidad del Estado».
Calidh denuncia que el proceso penal seguido contra obispo de Matagalpa es parte del patrón sistemático de ataques contra la libertad religiosa, de asociación y expresión de la Iglesia católica en Nicaragua en su conjunto y de ciertos clérigos en particular. «El Estado ha difamado, criminalizado y forzado al exilio a religiosos y laicos con la finalidad de silenciar y castigar a voces como las de Álvarez», asegura.
Unos 15 sacerdotes, laicos, seminaristas, periodistas de Diócesis Media y el obispo Rolando Álvarez son parte de los más de 230 presos políticos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. A la mayoría los señalan de delitos bajo la Ley de Soberanía y Ley Especial de Ciberdelitos, dos instrumentos jurídicos inventados para encarcelar a los opositores y religiosos.
«La libertad religiosa no se limita a que un clérigo ejerza las labores propias de su rito, sino que abarca su derecho de opinar respecto de la coyuntura social, política y económica del país. Silenciarlos, constituyen ataques y persecución indebidos contra un grupo religioso que no son aceptables en ninguna circunstancia. Los ataques contra los grupos religiosos están sancionados por el Derecho Penal Internacional», refiere la organización.
Álvarez Lagos, de 56 años, es el primer obispo arrestado y acusado desde que Ortega retornó al poder en Nicaragua en 2007. El jerarca, obispo de la Diócesis de Matagalpa, administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, fue sustraído la madrugada del viernes, 19 de agosto, por agentes policiales del palacio episcopal provincial junto con cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo, después de haber estado 15 días confinados.
