Al preso político Jaime Arellano el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo le continúa negando el derecho a la atención médica desde hace más de 500 días. Fuentes en condición de anonimato revelaron a Artículo 66 que al comentarista no le han practicado los exámenes necesarios para mantener controladas las enfermedades que padece.
«Tiene problemas de equilibrio y para hablar, pero aún así no le permiten (practicarle) una tomografía ni ningún otro examen necesario. Se tiene que reportar de pie seis veces al día a pesar que le cuesta caminar», reveló una fuente a este medio de comunicación.
En la casa de Jaime Arellano se mantiene un total de 10 oficiales de la Policía del régimen: seis agentes en el patio y otros cuatro en el interior de la misma. Estos se encargan de mantener aislado al preso político desde que fue confinado en su casa por órdenes de la dictadura el 24 de julio de 2021.
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Jaime Arellano padece de diversas enfermedades, entre ellas presión alta, dolor de cabeza, mareo, vómito y problema de equilibrio. Algunas de ellas las ha desarrollado por el cierro total al que lo ha sometido la administración de Ortega y Murillo.
«Se ha caído varías veces porque pierde el balance. Parece que le ha dado un derrame pero sin exámenes no se puede confirmar. Ha perdido más de 130 libras», refirió la fuente.
Bajo el régimen de arresto domiciliario no ha tenido contacto con su familia, solo le permitieron una llamada en Navidad. En la vivienda también habita su esposa y su suegra, una anciana de 92 años a la que la Policía le ha requisado en diversas ocasiones el closet. La fue te señaló que no puede salir del cuarto ni hacer llamadas.
Ante esta situación, el Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (CALIDH) exigió la liberación de todos los presos políticos que requieren atención médica urgente.
«Nos preocupa la salud del periodista nicaragüense Jaime Arellano, necesita atención médica urgente. El deterioro de condiciones crónicas o de riesgo, incluso la muerte, son responsabilidad del Estado», escribió en su cuenta de Twitter.
La jueza Décimo Tercero Distrito Penal de Juicios de Managua, Ulisa Yahoska Tapia Silva, lo declaró culpable y condenó a 13 años de cárcel por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense.
