El observatorio Urnas Abiertas afirma que la consolidación del control municipal de parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a completarse el próximo 20 de enero representa «un grave retroceso en los avances que se habían logrado durante las décadas de 1980 y 1990».
Expresa que durante estos periodos se «habían permitido trasladar funciones, recursos y competencias a los territorios municipales para identificar y resolver mejor los problemas locales». Pero, actualmente registran un desarrollo local «incipiente» bajo las autoridades que responden a las órdenes de la pareja presidencial.
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La organización considera que esta involución en la gestión municipal y el desarrollo local responde a «la politización de la gestión, la ausencia de mecanismos de fiscalización, control y rendición de cuentas, así como la centralización de las decisiones, las cuales no ponen al centro los intereses de la población en cada territorio, sino los intereses del partido en el poder a nivel general y de los tomadores de decisiones a nivel particular».
Este 20 de enero, el régimen culminará la toma de posesión y entrega de credenciales de alcaldes, vicealcaldes y concejales en el 100% del territorio nicaragüense.
En las municipales de 2022, un total de 3.722.884 nicaragüenses mayores de 16 años, de una población de 6,6 millones, fueron convocados para elegir a los alcaldes, vicealcaldes y concejales de los 153 municipios de Nicaragua, según datos del Consejo Supremo Electoral (CSE), que dio de baja a 755.450 electores en un año, sin explicar los motivos.
Ante esto, «vemos cómo la abstención jugó un papel en la expresión del descontento del pueblo al régimen ilegítimo que lo somete, la única manera de que conserven el poder es a través de las armas y la cooperación de fuerzas armadas policiales, militares y paraestatales», afirmó Urnas Abiertas.
Durante este proceso, el régimen también forzó a asistir a las urnas a los trabajadores del Estado, «redoblaron esfuerzos e intensificaron la presión hacia trabajadores del Estado que no se habían citado a las urnas, mediante mensajes de WhatsApp y redes sociales les amenazaban con despidos, les insistían preguntándoles si habían ido a votar y recordándoles que los estaban esperando porque necesitaban el total de los trabajadores que fueran a votar, incluso les señalaban que su puesto de trabajo era gracias al comandante».
