Son las 5:45 de la mañana de un día cualquiera en San Marcos, Carazo, y en el área de parqueo vehicular de la empresa de zona franca Gildan de pronto se arma un corre corre. Oleadas de personas, la mayoría mujeres, salen, mientras otras oleadas entran a pasos apresurados. Son las trabajadoras y trabajadores que salen de cumplir 11 horas de dura faena y las que entran a sus puestos para empezar un turno de 12 horas, en un ambiente que algunas describen como agotador, presionado y rígido pero no hay de otra, aunque no les paguen un salario justo y muchos de sus derechos sean ignorados «es el único trabajo que hay por ahora».
«Sofía», una joven madre de una niña de 4 años, trabaja en esa empresa desde hace 2 años y medio y cuando le toca trabajar de día entra a las 5:45 de la mañana en punto y a las 6:00 ya tiene que estar «plantada» en su puesto, ni un minuto más, porque si llega un poco tarde varias veces, su trabajo, o mejor dicho su única oportunidad de trabajo en la zona, se esfumaría. Deja de trabajar a las 6:00 de la tarde.
Cuando su turno es de noche la entrada es a las 6:30 pm y la salida a las 5:45 de la mañana del siguiente día.
«Trabajamos 12 horas al día y 11 horas cuando nos toca trabajar de noche», reitera la joven trabajadora que confirma que, pese al duro trabajo y las largas y agotadoras jornadas, cree que el salario es «injusto».
«Trabajamos 4 días seguidos y descansamos los siguientes 4», explica y detalla que en los 4 días trabajados debe cumplir el 100% de una meta de producción establecida para ganar C$2,300 semanales. Si solo llega al 90%, le pagan C$2,100. A eso hay que deducir el pago del Instituto de Seguridad Social (INSS) y el Impuesto sobre la Renta (IR) lo que merma considerablemente su ya escuálido salario. Hay pagos en los que le han deducido hasta 112 córdobas de IR, lamenta. Si su producción no llega al 90 por ciento solo devengará en esos 4 días un salario básico, de 1,900 córdobas. Actualmente Sofia hace suéteres y en cada posteo (entrega) debe cerrar 20 cajas.
«Deberían de pagar un poquito más, porque ahí se ganan C$2,300 y ahora que están quitando el IR me viene saliendo prácticamente de C$2,000 porque también nos deducen la cotización al INSS, y ahí todo mundo se mata (trabajando), no es un salario justo», enfatiza la joven que agrega que prefiere seguir trabajando ahí aunque no les paguen bien porque «no hay (más) lugar donde trabajar».
Empresa de zonas francas violan derechos humanos de trabajadores
Pero en Nicaragua no solo las jornadas agotadoras con malos salarios agobia a los trabajadores de zona franca, hay algo peor, según denuncian: malos tratos de parte de los supervisores y representantes de las empresas, el menosprecio a algunos trabajadores a los que los consideran «prescindibles» y de fácil sustitución dada la altísima demanda de puestos de trabajo que hay en el país y a esto se suma la mala o nula atención médica y el desprecio total a los derechos de los trabajadores, a tal punto que, según algunos defensores, se podría considerar que hay serias violaciones a los derechos humanos en esas empresas, y todo ello en comparsa con los sindicatos y el Estado de Nicaragua.
Zoila Cáceres, una mujer de 42 años, que habita en el barrio capitalino de Batahola Norte, es un claro ejemplo de que los empresarios de las zonas francas desprecian los derechos laborales de los nicaragüenses, a tal grado de poner en peligro sus vidas.
Cáceres relata que llevaba casi tres años trabajando en una zona franca de capital asiático cercana al Mercado Mayoreo, en Managua, cuando enfermó.
Su trabajo era retirar la pelusa de las piezas de tela con las que se fabricarían «pantalones de azulón», y coserle una etiqueta. Esas telas tenían un olor feo, y a los tres años de realizar esa labor sin los debidos equipos de protección empezó a sentir afectaciones respiratorias.
Fue a la clínica de la empresa, pero no fue atendida adecuadamente. Ni siquiera le ordenaron exámenes especializados. Su padecimiento siguió agravándose. Se sentía muy mal y se vio obligada a faltar algunas veces al trabajo.
Al problema respiratorio se sumó una especie de alergia en todo su cuerpo. Tan mal estaba que tuvo que acudir de emergencia a un hospital. Ante su mal estado de salud, en la clínica previsional le dieron un subsidio de 3 días. Volvió al hospital y le dieron otro subsidio luego de practicarle exámenes de Rayos X y descubrir que tenía afectaciones en sus pulmones, lo que ella atribuye a la pelusa de la tela. Lejos de recibir apoyo de parte de la empresa para la que trabajaba y en la que, según dice, se enfermó, fue despedida sin miramientos. Simplemente «la desecharon».
A Jemima Ticay, que trabajaba en la empresa de régimen de zonas franca Mundo Tek, un día de tantos, sin mayores preámbulos, en su puesto de trabajo se le apareció uno de los responsables del plantel y le dijo: «firmá ahí, dale firmá, firmá». Era su carta de despido. Solo le dieron tiempo para escuchar «ahí te vamos a llamar para tu liquidación» y no le dieron mayores explicaciones. La echaron a la calle. Ni siquiera sabe quién dio la orden para despedirla.
«Esos casos se dan en la zona (franca) y obviamente uno no puede ir a reclamar porque ellos lo que te dicen es ‘usted ya sabe a lo que se atiene cuando entra a una zona franca’», dice Ticay. No hizo mayores reclamos porque además, un reclamo o una demanda significa cerrarse a sí misma las puertas de otras empresas.
Agrega que hasta pedir permiso para ir a la clínica es muy mal visto dentro de las empresas de zonas francas. «Cuando uno pide más de tres permisos buscan cómo cancelarte porque dicen que uno es muy enfermizo», se queja.
Jemima ahora está trabajando en otra empresa de zona franca donde tiene que vivir lo mismo, y asegura que por cualquier “tontería” que los jefes vean en un trabajador lo llevan a Recursos Humanos y eso es grave porque podría significar el preámbulo de su despido.
No obstante, agradece estar trabajando en otra empresa aun en esas difíciles condiciones. Si hubiera demandado a Mundo Tek por despedirla injustificadamente, no podría conseguir trabajo en otra zona franca.
Lo mismo le pasó a Mercedes del Carmen Castrillo Sánchez en una de las empresas que operan en el parque industrial Las Mercedes, en Managua.
«Yo trabajaba en el área de empaque y doblado de una empresa de capital chino, situada en la zona franca Las Mercedes, en la que se fabricaban chaquetas estilo jeans. Hacía mi trabajo y realizaba lo que ellos me decían, pero sin ninguna razón me despidieron. Solo me llamaron a la oficina, y me dijeron que había sido cancelada. Sin ninguna razón», cuenta Mercedes..
No le entregaron ningún documento que dijera el porqué la estaban despidiendo. «Solo me cancelaron».
Mercedes, al igual que cientos de trabajadores que son despedidos de esas empresas, no buscó ayuda legal porque vio cómo cancelaron a dos amigas suyas que entraron al mismo tiempo que ella, y aunque trataron de hacer prevalecer sus derechos laborales, no obtuvieron ninguna respuesta, así que «no quise buscar ni indagar más», dice con cierta resignación.
Ahora prefiere estar como «ama de casa», mientras se esfuerza por hacer que el salario de su esposo alcance para cubrir los gastos del hogar, lo que incluye a sus dos hijas, sin embargo, no descarta volver a buscar trabajo en una empresa de zona franca, y previendo esa posibilidad es que prefirió no presentar un reclamo en las instancias correspondientes porque, además que no le iban a reconocer sus derechos, iba a perder toda posibilidad de conseguir trabajo en otra empresa.
Y es que demandar por violación de derechos laborales a alguna empresa de las que operan en el pais bajo el régimen de zona franca significa un «suicidio laboral». Nadie que haya demandado o reclamado por sus derechos a una zona franca podrá trabajar en otra. Eso lo confirma Wilmer Martínez, quien trabajó en Rocedes, luego en USLC, y después, otra vez en Rocedes, donde pegaba pretinas en pantalones.
Martínez laboró 7 años en Rocedes, siempre como operario. «Nunca me dieron la oportunidad de superar el puesto pese a que soy bachiller, y saqué un curso de operador de computadoras, y manejo de caja», señala.
Luego se fue a trabajar a USLC, donde renunció por problemas personales. «Mi exjefe inmediato me llamó de nuevo a Rocedes. En la entrevista me hicieron muchas preguntas y me pidieron papeles», relata el extrabajador de la maquila.
Al segundo día de trabajo le preguntaron que cuánto le habían dado de liquidación cuando se fue la primera vez de esa empresa y les respondió que US$2,000. Luego le preguntaron por qué los había demandado.
Martínez niega que haya demandado a esa empresa, sin embargo, los directivos de Rocedes sostuvieron que sí. Les pidió que le mostraran dicha demanda pero la respuesta fue el despido. «Me cancelaron, por la supuesta demanda, de la que nunca me enseñaron papeles», se queja el trabajador.
Ese día, según recuerda, corrieron a varios. A algunos, por opinar, por quejarse de los supervisores o no estar de acuerdo con la administración de la empresa.
Martínez tampoco buscó opciones legales, porque «si no lo hice con esa supuesta demanda, menos que fuera a hacerlo ahora», indica.
Asimismo denuncia que no todas las empresas de zona franca permiten la organización de sindicatos. «El Mitrab ya no es como antes, que apoyaban a los trabajadores», lamenta. Ahora prefiere trabajar en un pequeño taller donde se fabrican uniformes deportivos.
Por su parte, Antonio Suárez Urbina, de 26 años, habitante del Barrio 18 de Mayo, en Managua señala que «trabajar en las zonas francas resulta muy complicado», pues una vez que empiezan a trabajar o buscan trabajo en las zonas francas, «tenés que saber que nunca vas a tener tiempo para vos, para tu familia ni para hacer gestiones que uno necesita, porque allí no hay permisos, se trabaja duro siempre, una vez que estás adentro cuesta obtener un permiso para lo que necesités».
Además, advierte que las injusticias en ese tipo de empresas llegan al punto de discriminar a ciertos trabajadores, bien sea por el poco tiempo que llevan como empleados o por el trabajo que realizan que podría ser considerado de poca importancia.
«Hay puestos que ellos consideran más importantes que otros. Entonces, según tu puesto, si te necesitan bastante, te escuchan, te pueden dar un permiso, pero si tenés una ocupación por decirlo baja, te miran como cualquier cosa. Tu trabajo no es respetado», denuncia.
Las explotan y luego las «desechan»
Ana Gómez, extrabajadora de la maquila y expromotora de defensa de derechos de la mujer del Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas «María Elena Cuadra», (MEC), organización ilegalizada y confiscadas sus instalaciones por la dictadura Ortega-Murillo, asegura que conocen de muchas denuncias sobre incumplimiento a los derechos laborales, sobre todo despidos masivos o individuales sin justificación.
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Gómez considera que el tema de la atención a la salud de los trabajadores de zonas francas es un «problema serio», pues un permiso para ver a un médico casi siempre es denegado, aunque se muestre una cita, o la constancia que emite el doctor.
Ella misma es un claro ejemplo de las injusticias y abusos que se cometen con los trabajadores de esas empresas. A Gómez la despidieron, al igual que a muchas mujeres, sabiendo que estaban enfermas con «túnel de metacarpio» y con secuelas de enfermedades laborales después de trabajar en las maquilas por 18 años. No les importó a los empresarios. Simplemente «las desechan» cuando ya están enfermas como consecuencia de su trabajo.
Gómez recuerda que hay muchas mujeres discriminadas que ya no consiguen empleo en la Zona Franca. Ya no pueden trabajar, pero tampoco se pueden pensionar porque no cumplen con la edad de jubilación.
La expromotora del MEC reitera que «no hay justicia con el salario de una trabajadora de zona franca», sin embargo, muchas mujeres prefieren esa paga antes que el desempleo, pues no hay alternativa. «Hay explotación laboral», insiste.
Lo peor de todo esto, según denuncia Gómez, es que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se puso del lado de las empresas de zonas francas. «Los trabajadores no están protegidos; los derechos laborales no se cumplen», reitera.
Artículo 66 consultó al empresario de origen norteamericano, Scoth Vaughn, presidente de la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil (ANITEX) y directivo de la empresa de zonas francas Rosedes, pero su única respuesta fue: «No doy entrevista a periodistas». Rosedes es una de las empresas mencionadas por los extrabajadores de la maquila como violadora de los derechos laborales.
Asimismo, este medio de comunicación llamó y envió mensajes de texto vía WhatsApp a Dean García, director ejecutivo de ANITEX, pero no contestó ninguna de las dos formas de comunicación.
Según datos oficiales de la Comisión Nacional de Zonas Francas (CZF), actualizados hasta octubre del 2022, en Nicaragua operan 51 parques industriales bajo el régimen de Zonas Francas y dan empleo a unos 136 mil 600 trabajadores. Solo el año pasado estas empresas exportaron unos 3,500 millones de dólares. Además importaron insumos y materia prima por un valor de 2,500 millones de dólares. El régimen Otega-Murillo aplaude esa «bonanza».
Pese a esa gran cantidad de millones de dólares que mueve ese sector de la economía de Nicaragua, las condiciones de los trabajadores sigue siendo precaria.
El abogado José Antonio López, exprocurador laboral e integrante de la organización Defensores del Pueblo, específica que una de las violaciones que se cometen en la Zona Francas es que no hay libre sindicalización, y los sindicatos que existen son «parásitos» afiliados a la Central Sandinista de Trabajadores (CST), a los que el defensor llama «sanguijuelas», que viven del 1%, de la cuota sindical de los trabajadores, pero «no defienden a la clase trabajadora, más bien ven por sus intereses y están más plegados a la línea del Gobierno».
Según el abogado, los trabajadores están en total indefensión porque los sindicatos que existen en las Zonas Francas, en contubernio con las autoridades del Ministerio del Trabajo (Mitrab), dan la razón a los empresarios y los que reclaman sus derecho no son escuchados y más bien son despedidos y en algunos casos hasta amenazados.
Asimismo, López señala que ni siquiera en instancias internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se conoce la realidad que viven los trabajadores de la maquila en Nicaragua, pues el Gobierno les envía datos falsos.
Como ejemplo, señala que en las oficinas de ese organismo, en Costa Rica, él personalmente intentó dar a conocer la falta de libertad sindical en las zonas francas del país, pero los directivos de la OIT le dijeron que según los reportes que ellos conocían, en Nicaragua todo estaba en total normalidad. Además, le advirtieron que para recibir una denuncia debe hacerla un dirigente sindical. Algo que nunca va a ocurrir porque en Nicaragua los sindicatos están subordinados al régimen Ortega-Murillo.
«Desgraciadamente los trabajadores están en indefensión porque quien está llamado a tutelar los derechos es el Ministerio del Trabajo pero esa institución viola esos derechos y los sindicatos callan», sostiene el defensor.
López insiste en que la OIT debe saber que nunca van a conocer una queja por violaciones a los derechos laborale en Nicaragua porque «desde que llegó Daniel Ortega al poder desbarató todos los sindicatos democrático e instaló los sindicatos blancos de Fetsalud y de la CST, que para mí son sanguijuelas, son parásitos que viven del 1% de la cuota sindical de los trabajadores», acusó.
Para este reportaje también consultamos vía WhatsApp al sindicalista sandinista y dirigente del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) Luis Barbosa, para que respondiera a los señalamientos de que no defienden los derechos de los trabajadores de las zonas francas y solo aprovechan la cotización de 1% de los agremiados, pero no respondió las llamadas.
Tampoco respondió comunicaciones el sindicalista José Espinosa Navas (Chepón), integrante de la Central de Unidad Sindical (CUS), organización que junto a los sindicatos sandinistas firmó con el Gobierno Ortega-Murillo y la empresa privada, los acuerdos tripartitos de 2013 y 2017 para supuestamente terminar con las violaciones a los derechos de los trabajadores de zonas francas, algo que, según las denuncias, sigue ocurriendo, ahora a vista y paciencia de las organizaciones sindicales.
Asimismo, el abogado especialista en derecho laboral denuncia que bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo las empresas de zonas francas hacen lo que quieren en el país, violando no solo la ley laboral sino incumpliendo, incluso, todos los tratados y leyes referidas a la salud y seguridad ocupacional. Tanto es así que la Dirección de Higiene y Seguridad laboral ni siquiera rinde informes sobre los accidentes laborales.
«El Estado de Nicaragua no tutela, no cuida los derechos de los trabajadores. Acordate que existe la ley mordaza. Que todo aquel que hable o que diga algo, es despedido y hasta encarcelado. No hay respeto al Estado Social de Derecho, y menos que respeten la dignidad humana de las personas, en este caso de las clases trabajadoras», destaca.
López recordó que Nicaragua es firmante de sendos tratados de Libre Comercio con Estados Unidos (DR-Cafta) y con Europa (Ada) y en esos tratados se toma en cuenta el respeto a los derechos laborales, así como el respeto a los derechos humanos. «Los derechos laborales son un derecho humano, por tanto, esos acuerdos pueden ser revisados a partir de las violaciones a los derechos de las clases trabajadoras», finalizó.