El Grupo de Trabajo Sobre la Detención Arbitraria (GTDA) de las Naciones Unidas (ONU) evaluó los procesos judiciales ejecutados contra Cristiana Chamorro, Marcos Fletes, Walter Gómez y Pedro Vásquez, afirmando que se trata de una «detención arbitraria» de parte del régimen y viola varios artículos establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Según el GTDA, las detenciones en contra de Chamorro y los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) las adjudican a su trabajo «en la defensa de los derechos humanos, principalmente la defensa de la libertad de expresión en Nicaragua. Fueron realizadas sin base legal, se violaron las garantías a un juicio justo».
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El grupo destaca que Ortega ha incumplido los artículos 6, 8, 9, 10, 11, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los artículos 2, 7, 9 1014, 19 y 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que inscriben las categorías de detención arbitraria.
Ante esto, solicitan al Estado de Nicaragua que «libere a estas cuatro personas y que se investigue y tome medidas contra quienes los privaron de libertad de forma arbitraria. Así como brindar información sobre las fechas en que se realizarán estas liberaciones».
Cristiana fue condena junto a su hermano Pedro Joaquín; Pedro Vásquez, su conductor; Walter Gómez, administrador y Marco Fletes, el financiero, los últimos tres eran trabajadores de la extinta Fundación que cerró ante la imposición del régimen de inscribirse bajo la Ley de Agentes Extranjeros, una herramienta jurídica de Ortega y Murillo para controlar y limitar el financiamiento a las organizaciones no gubernamentales nicaragüenses. Pedro Joaquín fue condenado a nueve años, siete para Vázquez; 14 años para Gómez y Fletes.
Según la acusación de la Fiscalía, al servicio de la dictadura, la hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro usaba la organización para «financiar a organismos y personas, para que desestabilizaran el desarrollo económico del país, difundiendo noticias falsas en contra del Gobierno de Nicaragua».
Durante el juicio, que según los abogados defensores estuvo plagado de irregularidades y nulidades, desfilaron una serie de testigos como policías y periodistas. La acusación se basó en el apoyo que la organización entregó por varios años a los medios de comunicación independientes.
La organización internacional Raza e Igualdad se sumó a esta demanda del GTDA y afirma que continuarán «trabajando para que las más de 235 personas privadas de libertad por motivos políticos en Nicaragua vuelvan a sus hogares y sus casos sean cerrados».
