El Grupo de Secuestrados Políticos Unidos (GSPU) informó este 31 de diciembre, que este 2022, cierra con más de 235 presos políticos que no podrán recibir el 2023 junto a sus familiares.
«En nuestra amada Patria existen más de 235 familias de presos políticos que continuamos esperando sean liberados, ya que son inocentes y no merecen seguir sufriendo en las mazmorras donde los tienen secuestrados en condiciones infrahumanas, de hacinamiento, expuestos a contagios masivos, muchos de ellos aislados sin el más mínimo respeto a su condición de adultos mayores», expresó el Grupo.
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Los integrantes de GSPU recordaron que entre los rehenes de conciencia, hay opositores secuestrados antes de la rebelión cívica del 2018, y que a la fecha llevan más de 11 años en cautiverio.
«11 años y medio tiene de estar preso Marvin Vargas «el cachorro», lleva 12 navidades alejado del seno de su hogar. Ocho años y medio: los 9 presos políticos del caso 19 de Julio, que llevan nueve Navidades en las que igual no han podido compartir con sus familiares», detallaron.
Presos políticos no ha podido dar el último adiós a sus padres que han fallecido
Por otra parte, señalaron que «una buena cantidad de presos políticos» han perdido a sus padres y se les ha negado el derecho a asistir a sus honras fúnebres».
Entre los fallecimientos más recordados y que la dictadura de Ortega no permitió que los rehenes de conciencia fueran a la vela o entierro, está el de Heydi Meza, mamá del preso político y líder estudiantil Max Jerez, o el de Ezequiel Mairena, hermano del líder campesino Medardo Mairena.
En cuanto a las condiciones de salud, el GSPU también refirió que en «las mazmorras» del país, los presos políticos han adquirido diferentes tipos de enfermedades «tales como hipertensión, diabetes, enfermedades renales, alergias y que no han recibido una atención médica adecuada».
«No perdemos la esperanza y la fe en nuestro buen Dios, de que los más de 235 presos políticos sean liberados, al igual que los sacerdotes y laicos que han sido secuestrados y acusados de infames delitos solo por defender la verdad y estar al lado de su pueblo», remarcó.
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Ante estas arbitrariedades del régimen de Nicaragua, los familiares de los secuestrados políticos, solicitaron a la Comunidad Internacional que se pronuncie «y nos apoye en nuestras demandas de libertad para los más de 235 presos políticos».
«Pedimos de forma contundente al gobierno de Daniel Ortega, que sean respetados los derechos humanos de nuestros presos y presas políticas y que sean liberados sin condición alguna, ya que son inocentes», concluyeron.
