La administradora de la Agencia de Estados Unidos (EE.UU.) para el Desarrollo Internacional (Usaid), Samantha Power, consideró este viernes que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, no se detendrá ante nada para reprimir las voces y las aspiraciones democráticas del pueblo nicaragüense.
Power hizo esa declaración al comentar los cargos que el Ministerio Publico de Nicaragua ha hecho contra el obispo Rolando Álvarez, muy crítico hacia el Gobierno de Ortega y quien fue acusado por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense.
“Estos cargos son parte de una ofensiva contra la iglesia católica que ha resultado en el hostigamiento, el exilio forzado y el encarcelamiento de numerosos líderes religiosos”, señaló la administradora de la Usaid, en un mensaje enviado a los periodistas por la oficina de prensa de la Embajada de EE.UU. en Nicaragua.
“El régimen de Ortega no se detendrá ante nada para reprimir las voces y aspiraciones democráticas del pueblo nicaragüense”, agregó la funcionaria de (EE.UU.).
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Hace dos días, el principal encargado del Departamento de Estado de EE.UU. para Latinoamérica, Brian Nichols, tildó de “acto cínico de un estado totalitario” la acusación contra el obispo Álvarez, de quien destacó “es un líder espiritual para millones de nicaragüenses y defensor del diálogo y reconciliación” y que “representa lo mejor del pueblo nicaragüense”.
El jerarca, de 56 años, obispo de la diócesis de Matagalpa, administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, será sentado en el banquillo de los acusados el 10 de enero de 2023, en una audiencia inicial.
En la misma causa se encuentra acusado el sacerdote nicaragüense exiliado Uriel Antonio Vallejos.
Álvarez es el primer obispo arrestado y acusado desde que Ortega retornó al poder en Nicaragua en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990.
La Policía de Nicaragua, que dirige Francisco Díaz, consuegro de Ortega, acusa al alto jerarca de intentar “organizar grupos violentos”, supuestamente “con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales”.
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El arresto y acusación en contra del obispo nicaragüense, otros siete sacerdotes y otros dos colaboradores es el capítulo más reciente de un último año especialmente convulso para la Iglesia católica de Nicaragua con el Gobierno de Ortega, quien ha tildado de “golpistas” y “terroristas” a los jerarcas.
Las relaciones entre los sandinistas y la Iglesia católica de Nicaragua han estado marcadas por roces y desconfianzas en los últimos 43 años.
La comunidad católica representa un 58,5 % de los 6,6 millones de habitantes de Nicaragua, según el último censo nacional.
