En la declaración conjunta de los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), los presidentes de izquierda de la región «denunciaron» un supuesto «entramado político» en Perú contra el ahora expresidente Pedro Castillo en el «autogolpe de Estado» en la nación suramericana.
Los dictadores de Venezuela, Nicolás Maduro; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Miguel Díaz-Canel, de Cuba; son parte de los países que apoyaron la decisión de Castillo de disolver el Congreso peruano y decretar un estado de excepción. La acción del entonces presidente de Perú se dio horas antes que los congresistas de su país lo destituyeran de su cargo.
«Rechazamos el entramado político creado por las fuerzas de derecha de ese país en contra el presidente constitucional Pedro Castillo, obligándolo a tomar medidas que fueron luego aprovechadas por sus adversarios en el parlamento para destituirlo», señala la declaración conjunta de la XXII Cumbre del ALBA.
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«Repudiamos la represión por parte de las fuerzas del orden contra el pueblo peruano que defiende a un gobierno elegido en las urnas y hacemos un llamado al diálogo, el entendimiento y la cordura de todos los actores políticos, económicos y sociales de la República del Perú, así como alzamos nuestra voz para que se garanticen los derechos fundamentales de este pueblo hermano», añade.
Los tres dictadores y los presidentes latinoamericanos de izquierda rechazaron la «utilización de estrategias de guerra no convencional contra los gobiernos y líderes democráticamente elegidos de la región, empleando el uso de los procesos judiciales políticamente motivados y sin sustentación jurídica (lawfare) para destruir rivales políticos e ideológicos».
Además expresaron su «condena» a la «manipulación con fines políticos y desestabilizadores de los derechos humanos» cuando informes internacionales han documentado las graves violaciones a los derechos fundamentales de los pueblos de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Esos informes son menospreciados e ignorados por los regímenes que continúan reprimiendo a la población.
Tras la declaración de un gobierno de emergencia, el pasado siete de diciembre, locales, la policía peruana arrestó a Castillo cuando intentaba huir junto con su familia hacia la embajada de México. Las medidas orientadas por el expresidente causaron el repudio de los funcionarios de los Poderes de Estado, la vicepresidenta de la nación y la comunidad internacional.
Castillo es investigado por la presunta comisión del delito de rebelión, a raíz del fallido golpe de Estado que motivó su destitución. Será investigado como presunto coautor de los delitos de rebelión y conspiración, así como presunto autor de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
