El seis de noviembre de 2021, previo a las cuestionadas elecciones presidenciales, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó una cacería de opositores en toda Nicaragua. Al menos 14 personas fueron aprehendidas por la Policía de la dictadura y son sometidas a cautiverio en las cárceles del país. Son parte de los 235 presos políticos de la dictadura.
Trece meses han pasado desde ese día. La violencia estuvo presente en las detenciones que, según organizaciones de derechos humanos y políticas, fueron ilegales y arbitrarias, al igual que los juicios a los que fueron sometidos meses después.
Donald Alvarenga, Harry Chávez, Francisco López González, Isaac Martínez, Alexis Peralta, Armando Robles, Muammar Vado, Evelyn Pinto y Nidia Barbosa, conforman del grupo de opositores detenidos en la víspera de la «pantomima» de elecciones, denominada así por Estados Unidos y desconocida por más de 40 países de la comunidad internacional.
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La lista de presos políticos la completan una mujer más y cuatro hombres. Sus identidades permanecen bajo anonimato a petición de sus familiares, según la más reciente actualización de la lista de rehenes de conciencia divulgada por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
Pinto, Chávez y Barbosa son tres adultos mayores presos políticos que están enfermos y sus familiares han denunciado que no han recibido la atención médica necesaria para atender sus padecimientos y que las condiciones carcelarias han empeorado y desarrollado nuevas enfermedades.
Donald Margarito Alvarenga Mendoza, originario Chichigalpa, fue el primer nicaragüense condenado a 12 años de prisión por la justicia de Daniel Ortega por los supuestos delitos de subversión, desobediencia y rebeldía a nivel de conspiración para afectar la integridad nacional.
Muammar Vado fue condenado a ocho años de cárcel por el delito conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y cinco por ciberdelitos, para un total de 13 años, más días multa que equivalen a 50 mil córdobas.
Evelyn Pinto, de 69 años, fue sentenciada a ocho años de cárcel en total: cinco por el delito de conspiración para el menoscabo a la integridad nacional y tres por propagación de noticias falsas, adicional tendrá que pagar 500 días multas y fue inhabilitada para ejercer cargos en ese mismo período. Se encuentra recluida en el Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres (EPIM), en Tipitapa.
Nidia Barbosa está presa en el Sistema Penitenciario Nacional de Granada. Fue condenada a 11 años de prisión por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.
Harry Chávez, de 62 años, fue sentenciado a 10 años de prisión por los supuestos delitos de menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias bajo la las leyes de Soberanía y de Ciberdelitos. El opositor está detenido en el Sistema Penitenciario Nacional (SPN) Jorge Navarro, en Tipitapa.
Alexis Peralta, originario de Condega, Estelí, fue condenado a 11 años de prisión más 32 mil córdobas de multa por los supuestos delitos de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional» y ciberdelitos. La condena contra el opositor se basó en publicaciones de tuits en contra de la dictadura de Nicaragua.
El campesino Armando Robles, originario de Morrito, Río San Juan, fue condenado a 10 años de prisión, 800 días multa y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por supuestamente «atentar contra la patria y propagar noticias falsas en perjuicio del Estado de Nicaragua».
Todos los presos políticos fueron acusados por la justicia orteguista por supuestos delitos de traición a la patria, una figura jurídica inventada por la dictadura con la aprobación de leyes represivas como la Ley Soberana y la Ley de Ciberdelitos.
