La esposa del preso político y aspirando presencial Félix Maradiaga, Berta Valle, denuncia que la lista de presos políticos crece cada vez más con detenciones a trabajadores del Estado y los encarcelamientos que no son publicados, debido al temor de sus familiares, que prefieren el silencio para evitar cualquier represalia de parte de los operadores del régimen.
Advierte que existen más de 235 apresados por el régimen de Nicaragua, «cada día se incrementa la lista de personas presas políticas en Nicaragua. A la lista se debe sumar las personas detenidas arbitrariamente cuyos familiares deciden no denunciar y el caso de los trabajadores del Estado. Mi solidaridad para cada una de las familias», expresó la esposa de Maradiaga.
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Valle acompañó su denuncia con información del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua, que en sus datos mantiene a 235 personas detenidas hasta el 30 de noviembre, en su mayoría varones contabilizándose 209 y mujeres 26. De todas ellas, 225 fueron detenidas posterior a abril de 2018.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) recientemente declaró en «desacato permanente» al régimen de Nicaragua que ha desatendido los constantes llamados al respeto de derechos humanos y libertad para los presos políticos.
La Corte además recordó a la dictadura de Daniel Ortega las medidas provisionales entregadas en 2021 a favor de los presos políticos Juan Sebastián Chamorro García, José Adán Aguerri Chamorro, Félix Alejandro Maradiaga Blandón, Violeta Mercedes Granera Padilla, Tamara Dávila, Lesther Lenín Alemán y Freddy Navas López. Demanda que sean puesto en libertad «de forma inmediata».
Actualmente varios de los detenidos presentan problemas y complicaciones en su salud debido a las torturas, tratos crueles e inhumanos a los que han sido sometidos, refieren las denuncias de sus familiares. Los principales afectados son los adultos mayores de 60 años, que según el Mecanismo alcanza los 36.
Nicaragua vive una grave crisis política que estalló con las protestas sociales en abril de 2018, las que fueron rafagueadas por policías y paramilitares sandinistas. Los ataques dejaron un saldo de 355 muertos, más de 2.000 heridos, 1.600 detenidos y al menos 100.000 exiliados, en su mayoría refugiados en Costa Rica.
