El exdiplomático y exaspirante presidencial Arturo Cruz cumple este viernes, dos de diciembre, 545 días de estar privado de libertad. La justicia de Daniel Ortega lo condenó por el presunto delito de conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional.
El rehén de la dictadura forma parte del grupo de diez opositores que permanecen bajo el régimen carcelario de detención domiciliaria bajo máximas restricciones.
El preso político, de 68 años, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Managua Augusto C. Sandino el pasado cinco de junio de 2021 cuando regresaba al país de diversas reuniones con personalidades de la política en Estados Unidos.
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Arturo Cruz pasó 259 días encarcelado en el Complejo Policial Evaristo Vásquez, conocido como «El Nuevo Chipote», un centro de torturas donde recibió tratos inhumanos y mala alimentación. Mientras permanecía en la cárcel, sus familiares afirman que se encontraba muy delgado, enfermo y sin atención médica especializada. Además, advirtieron signos de Parkinson, debido a las torturas y las condiciones inhumanas a las que fue sometido.
La dictadura orteguista anunció el cambio de medida cautelar y lo envió a casa por cárcel el 19 de febrero de 2022, argumentando razones humanitarias, pero no brindó un informe sobre la salud del preso político.
El exdiplomático no puede recibir llamadas telefónicas, obligaron a su familia a suspender el servicio de televisión por cable y tiene vigilancia hasta para ir al baño. En cuanto a la atención médica, el régimen de Ortega prohibió que sea llevado a una clínica privada o que un médico lo atienda en su vivienda. La única opción «si quieren» es ir a «El Nuevo Chipote» para ser atendidos por un doctor general.
Arturo Cruz fue condenado a nueve años de cárcel por el supuesto delito de «realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos», de conformidad con la Ley 1055, Ley de Soberanía.
El preso político es doctor en Historia por la Universidad de Oxford en Inglaterra y fue catedrático de INCAE Business School por 25 años. A inicios de 2021 renunció a su cargo, debido a su aspiración de competir en las elecciones del siete de noviembre por el cargo presidencial.
Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, en Nicaragua existen 219 opositores encarcelados por razones políticas y juzgados con leyes aprobadas meses antes de las elecciones presidenciales y tildadas de represivas por opositores y organismos de derechos humanos. Todos han sido víctimas de torturas, de acuerdo con denuncias de sus familiares.