La dictadura de Ortega ordenó pasar a retiro al comisionado general Adolfo Marenco, jefe de la Dirección de Investigación Policial e Inteligencia Política de la Policía Nacional. La decisión la dio a conocer a través de un acuerdo presidencial publicado el viernes en La Gaceta.
Marenco era considerado los «ojos y oídos» de la pareja presidencial y la cuarta persona más poderosa del país, solo detrás de Ortega, Murillo y Néstor Moncada Lau.
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Marenco era una pieza clave en el estado policial impuesto en el país desde la revuelta social de 2018 que fueron reprimidas a punta de balas y cárcel para los ciudadanos que decidieron manifestarse contra el régimen.
Adolfo Marenco era tildado como el «brazo siniestro» y «operador en la sombra» de la estrategia represiva dictadura en la Policía porque tenía acceso y recababa cualquier tipo de información necesaria para dicha estrategia contra la oposición o los mismos sandinistas, según un perfil publicado por Confidencial en 2020.
La administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo hizo oficial la «donación» de terrenos para las alcaldías sandinistas de San José de Bocay, en Jinotega; de Posoltega, en Chinandega; de Santo Tomás, en Chontales y de El Tuma-La Dalia, en Matagalpa, para ejecutar el proyecto habitacional «Bismarck Martínez».
En los seis terrenos entregados a las comunas se ejecutará la construcción de viviendas de interés social para los partidarios del régimen de Daniel Ortega, un proyecto iniciado después de la represión en contra de las protestas ciudadanas de 2018 y que lleva el nombre de «Bismarck Martínez».
El proyecto creado por el orteguismo tiene un fuerte componente propagandístico. El nombre alude al militante sandinista Bismarck Martínez, que según el Gobierno fue asesinado después de ser secuestrado el 29 de junio de 2018, en un tranque del Colegio San José, en Jinotepe, Carazo, durante las protestas cívicas reprimidas a balazos por policías y paramilitares del régimen.
El mandatario nicaragüense decidió realizar otro cambio en sus fichas extranjeras y remover a su embajador en Canadá, Maurizio Carlo Alberto Gelli, y mandarlo como representante diplomático de Nicaragua en España, lo que quedó firmado a través de un acuerdo presidencial divulgado este viernes.
El ahora representante en España es hijo Licio Gelli, exlíder de la lógica masónica Propaganda Due (P2), a quien se acusa de relaciones con la mafia y la Cosa Nostra, la quiebra del Banco Ambrosiano, agente anticomunista durante la Guerra Fría, labores de conspiración durante la década de los ochenta en Argentina y escándalos financieros en Uruguay.
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El periodista Carlos Fernando Chamorro recibirá el reconocimiento en nombre de la exguerrillera sandinista y ahora presa política del régimen de Nicaragua Dora María Téllez. El premio es entregado por la universidad de la Sorbonne Nouvelle de Francia.
La Sorbonne Nouvelle anunció en junio pasado que su concejo académico decidió otorgarle un doctorado honoris causa a Téllez por «su excepcional trayectoria política y científica». Durante la entrega del reconocimiento se realizarán actividades en solidaridad con las personas presas políticas de Nicaragua, incluyendo un concierto ofrecido por Luis Enrique Mejía Godoy y Jandir Rodríguez.
Dora María Téllez fue detenida de forma violenta y arbitraria el pasado 13 de junio de 2021. En paralelo, la Policía orteguista arrestó a otros líderes de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), entre ellos Víctor Hugo Tinoco, Ana Margarita Vijil, Suyen Barahona y Hugo Torres, quien falleció bajo resguardo policial el 12 de febrero de 2022.
En los primeros 11 meses de 2022, 57 mujeres y niñas fueron asesinadas, según el Observatorio Voces de la organización feminista Católicas por el Derecho a Decidir.
48 de los 57 femicidios se cometieron en el territorio nacional y nueve se perpetraron en el extranjero: tres en Costa Rica, dos en Panamá y cuatro en Guatemala, países centroamericanos donde familias enteras han emigrado por la represión.
Este día se conmemora en memoria del asesinato de tres hermanas Mirabal, el 25 de noviembre de 1960, por orden del gobernante y dictador Rafael Trujillo, en República Dominicana. Feministas nicaragüenses comparan a Trujillo con Daniel Ortega.
