El exsacerdote Edgard Parrales cumple este martes, 22 de noviembre, un año de estar privado de libertad. El rehén de la dictadura forma parte del grupo de diez opositores que permanecen bajo el régimen carcelario de detención domiciliaria bajo máximas restricciones.
Parrales fue detenido en 2021 en las afueras de su vivienda por civiles que se movilizaban en un vehículo Toyota Corolla azul oscuro, placa de Managua M 240-706.
El reo de conciencia pasó 94 días encarcelado en el Complejo Policial Evaristo Vásquez, conocido como «El Nuevo Chipote», un centro de torturas donde recibió tratos inhumanos y mala alimentación.
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La dictadura orteguista anunció el cambio de medida cautelar y lo envió a casa por cárcel el 25 de febrero de 2022, argumentando razones humanitarias, pero no brindó un informe sobre la salud del preso político.
El exdiplomático no puede recibir llamadas telefónicas, obligaron a su familia a suspender el servicio de televisión por cable y tiene vigilancia hasta para ir al baño. En cuanto a la atención médica, el régimen de Ortega prohibió que sea llevado a una clínica privada o que un médico lo atienda en su vivienda. La única opción «si quieren» es ir a «El Nuevo Chipote» para ser atendidos por un doctor general.
El médico tratante de Edgard Parrales indicó en meses pasados que este requería urgentemente exámenes de ultrasonido urinario y exámenes de laboratorio como biometría hemática completa, PSA (antígeno prostático específico) y química sanguínea debido a las diversas enfermedades que padece.
Tras ser enviado a su casa, el Cenidh denunció que los jueces no autorizan la entrada de sus médicos para que le den el tratamiento adecuado y realicen los estudios que necesita.
Parrales fue condenado a ocho años de cárcel por el supuesto delito de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional» y «propagación de noticias falsas». El preso político es el rehén de mayor de edad que Ortega y Murillo tienen en su poder.
Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, en Nicaragua existen 219 opositores encarcelados por razones políticas y juzgados con leyes aprobadas meses antes de las elecciones presidenciales y tildadas de represivas por opositores y organismos de derechos humanos. Todos han sido víctimas de torturas, de acuerdo con denuncias de sus familiares.