El preso político y excanciller de Nicaragua, Francisco Aguirre Sacasa, fue enviado de regreso a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) en Managua, conocidas como «El Nuevo Chipote» por decisión del régimen de Daniel Ortega. El opositor de la tercera edad se encontraba bajo régimen de «casa por cárcel».
La Policía ni la Fiscalía no ha dado ningún argumento acerca de este traslado. Según fuentes consultadas por Confidencial, ayer jueves, alrededor de 20 policías llegaron a la vivienda del exdiplomático e hicieron una inspección. Sin embargo, volvieron este viernes y se lo llevaron sin justificación.
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Esta misma semana, la dictadura devolvió también a José Adán Aguerri a El Chipote, donde se encontraba bajo arresto domiciliario por padecer diversos problemas de salud, revelaron fuentes de la Alianza Cívica a Artículo 66. Aguerri fue detenido el 8 de junio de 2021 y el pasado 18 de agosto de 2022, tras 14 meses en prisión, fue enviado a su casa.

Aguirre Sacasa, de 76 años, a pesar de estar bajo el régimen «de detención domiciliaria», mantenía máximas restricciones por parte de la Policía al servicio de la dictadura de Ortega. Una fuente en condición de anonimato reveló a Artículo 66 que los presos políticos que están cumpliendo su condena de cárcel en sus casas tienen prohibidas las llamadas telefónicas, no pueden tener el servicio de televisión por cable y tienen vigilancia hasta para ir al baño.
Aguirre Sacasa es uno de los reos políticos de la tercera edad a quien el orteguismo privó de su libertad por haber opinado, dado declaraciones o simplemente por estar en contra de su cuestionada política de gobierno.
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Sus familiares, en especial su hijo Roberto Aguirre Sacasa, ha denunciado en reiteradas ocasiones la situación en la que se encuentra su padre y exigido su libertad inmediata. Sacasa, creador de la serie «Riverdale», lamenta no poder hablar ni ver a su padre. «El tiempo que nos queda con él se está escapando. No estamos listos para decir adiós», agregó.
Aguirre Sacasa es parte de un grupo de 50 opositores que están presos en El Chipote, acusados de «traición a la patria», ampliando así la lista a más de 200 prisioneros políticos. Por su parte, la dictadura orteguista afirma que en el país no hay prisioneros por razones políticas, sino delincuentes.