La eurodiputada española Maite Pagazaurtundúa apadrinó a la opositora nicaragüense Samantha Jirón, en el marco de la campaña «Rompiendo cadenas, apadrina a un preso político» de Casla Institute. El objetivo es que prominentes figuras de la política internacional sean la voz de los rehenes de conciencia de los regímenes de Daniel Ortega en Nicaragua, Nicolás Maduro en Venezuela y Miguel Díaz-Canel en Cuba.
Pagazaurtundúa es vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y miembro de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de la Comisión Especial sobre Injerencia Extranjera en Todos los Procesos Democráticos de la Unión Europea, en particular la Desinformación. También es miembro de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Lleva décadas defendiendo la libertad, la justicia y la igualdad.
Ha participado en diferentes movimientos sociales e iniciativas por la libertad tanto en España como en otros países. Ha pasado decenas de años luchando contra el terrorismo, la incitación al odio y el nacionalismo obligatorio.
Samantha Jirón, de 22 años, fue detenida el ocho de noviembre de 2021 en Managua. Fue acusada de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional» y por cargos de conformidad con la Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos. La sentenciaron a ocho años de cárcel y a pagar 30 mil córdobas de multa. Actualmente es la presa política más joven en las celdas del régimen. Está cautiva en el Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres (EPIM), conocido como «La Esperanza», en Tipitapa.
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En la cárcel comparte celda con la también presa política Evelyn Pinto. Samantha Jirón ha sido sometida a tratos diferentes a los de las demás encarceladas pues le prohiben salir al patio del sistema penitenciario y tampoco tiene autorización para escuchar noticias a través de la radio.
Como pruebas para su judicialización, la justicia orteguista presentó entrevistas en vídeo que brindó a medios de comunicación internacionales y nacionales, donde habló de temas de interés y dominio público como la pandemia del COVID-19 y la crisis sociopolítica que vive el país. Los peritos policiales alegaron que esas declaraciones «atentaron contra la patria».
La opositora estuvo exiliada en Costa Rica por más de un año tras la represión y asedio en su contra. Regresó a Nicaragua en 2020 y pese a la constante persecución por parte de la Policía y simpatizantes sandinistas siguió trabajando en activismo político con la Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab).
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene en prisión a 219 presas y presos políticos en distintas cárceles del país. Todos son sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, según han denunciado sus familiares y organismos de derechos humanos.
