Bajo un panorama ensombrecido por las denuncias de irregularidades, más de 200 presos políticos, el encarcelamiento de nuevos opositores y las acusaciones de elecciones «falsas», Nicaragua realiza hoy, seis de noviembre, unas votaciones municipales que la oposición afirma solo son un trámite para que el régimen se apodere en las urnas de las 153 alcaldías del país.
Entre esas denuncias de irregularidades se reporta el uso de vehículos de las instituciones del Estado como el Ministerio de Salud (Minsa) para «acarrear» a los simpatizantes del Frente Sandinista a los Centros de Votación (CV). También se reporta el uso de los camiones y camionetas de las municipales. Además, se reportan allanamientos y hostigamiento a la ciudadanía disidente.
Urnas Abiertas recibió denuncias ciudadanas de los municipios de El Ayote, en el departamento de Chontales y Achuapa, en el departamento de León, que las camionetas del Minsa son usadas para movilizar a la ciudadanía hasta las escuelas públicas donde instalaron las Juntas Receptoras de Votos (JRV).
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Esta es una práctica constante de la dictadura Ortega Murillo desde que regresó al poder en 2007. «Es importante recordar que desde julio el FSLN ha venido haciendo uso de recursos públicos, incluyendo vehículos para actividades partidarias», señaló Urnas Abiertas en sus redes sociales.
«Afán por llenar las urnas»
Este año el Padrón Electoral está conformado por 3 millones 722 mil 884 ciudadanos y ciudadanas, una cifra mucho menor que los 4 millones 478 mil 334 votantes para las elecciones de 2021: 755 mil 450 personas aptas para votar eliminadas de un tajo por la dictadura.
Con esa cifra de votantes, al menos cada JRV tendrá que recibir a 470 ciudadanos para que ejerzan su derecho al sufragio universal en los comicios municipales. Esta decisión de la dictadura es parte de la reforma a la Ley Electoral que se aprobó en mayo de este año cuando el régimen decidió ampliar de 400 a 600 la cantidad de electores que podrán ser asignados a cada JRV, por eso también redujeron la cantidad de juntas en estos comicios municipales.
«En su afán de llenar las urnas, FSLN usa vehículos del Estado para trasladar a votantes a los centros de votación. Además recibimos reportes que transportistas públicos también están movilizando a personas a las JRV», criticó Urnas Abiertas.
Con esto, el régimen pretende vender la imagen de una mayor afluencia de votantes, ya que las elecciones presidenciales de 2021 fueron señaladas y criticadas por el alto número de ciudadanos que dejaron las urnas vacías como forma de «resistencia ante el fraude electoral».
Las cuestionadas votaciones municipales le costarán a los nicaragüenses 31.1 millones de dólares. Un 40% de ese total es destinado para el pago por los gastos de la campaña electoral a los partidos políticos, el más beneficiado sería el FSLN por el alto porcentaje de votos que le asigna el CSE.
El tribunal electoral es señalado de ejecutar y dirigir una «farsa electoral» donde se espera que el FSLN se haga con el control absoluto de las alcaldías del país, de las cuales ya domina 135, tras eliminar en 2021 todo resquicio de oposición con la cancelación de tres partidos políticos que aglutinarían a los grupos que critican la administración Ortega Murillo.
