Las votaciones municipales de este domingo, seis de noviembre, han iniciado bajo la denuncia internacional y de opositores que señalan un proceso orquestado por el régimen bajo «violación de derechos humanos y la supresión de elegir libremente a sus autoridades».
El exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Arturo McFields asegura que el país centroamericano ha «retrocedido 50 años en nuestra historia nuevamente tenemos elecciones falsas y verdaderos dictadores. Elecciones a la cubana: sin observación, sin candidatos y sin transparencia».
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La feminista y defensora de derechos humanos para Human Rights Watch, Erika Guevara Rosas, expresó que «a la víspera de otra simulación electoral en Nicaragua, la represión y violencia política incrementan. El pueblo nicaragüense sigue sometido a un gobierno que suprime todos sus derechos, incluidos los políticos y la posibilidad de elegir libremente».
Para estas votaciones, el Consejo Supremo Electoral (CSE) eliminó de un manotazo 5,528 Juntas Receptoras de Votos (JRV) para las votaciones municipales. Además, solo se encuentran habilitadas 7,931 JRV, mientras que en las votaciones nacionales del año pasado dispuso de 13 mil 459, según informó el Poder Electoral en su página web.
Este año el Padrón Electoral está conformado por 3 millones 722 mil 884 ciudadanos y ciudadanas, una cifra mucho menor que los 4 millones 478 mil 334 votantes para las elecciones de 2021: 755 mil 450 personas aptas para votar sacadas de un tajo por la dictadura, según la documentación que el CSE entregó a los partidos políticos.
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Este año la afluencia de votantes se ha visto menor al año anterior, así lo han confirmado los reportes ciudadanos. La socióloga María Teresa Blandón asegura que esto es debido a que en «Nicaragua no hay partidos políticos, ni competencia electoral, ni programas, ni nada que hable de elegir a representantes de la ciudadanía en el estado. Es un mal montaje».
Las cuestionadas votaciones municipales le costarán a los nicaragüenses 31.1 millones de dólares. Un 40 % de ese total es destinado para el pago por los gastos de la campaña electoral a los partidos políticos, el más beneficiado sería el FSLN por el alto porcentaje de votos que le asigna el CSE.
