La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) aprobó una resolución sobre la crisis democrática y de derechos humanos en Nicaragua. La proclama fue liderada por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
La resolución recibió el visto bueno durante la clausura del 41 congreso de la FIDH, celebrado la noche del jueves, 27 de octubre en París, Francia, así lo informó el Cenidh, en cuenta de Twitter.
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Entre lo propuesto está la demanda a la comunidad internacional presionar para «tomar las medidas necesarias que permitan parar las graves y persistentes violaciones a los derechos humanos, y juzgar y sancionar a sus responsables».
También se reconoció las violaciones de derechos humanos en el país, incluyendo la grave situación de las personas presas políticas cautivas en las diferentes cárceles de Nicaragua, demandando así su libertad inmediata.
Grave violación a los derechos humanos
Para aprobar la resolución, a petición del Cenidh, la Federación internacional de Derechos Humanos consideró que desde abril de 2018, «Nicaragua está sometida a una grave crisis política, social y de derechos humanos que ha dejado como resultado al menos 355 asesinatos, más de 2,000 heridos».
Además contabilizó a más de 1,614 personas detenidas, producto de las protestas sociales, así como a más de 110,000 personas exiliadas y la persistente violación de las libertades públicas y el establecimiento de un estado de terror caracterizado por el uso excesivo de las fuerzas policiales y parapoliciales.
En cuanto a la cancelación de más dos mil organizaciones no gubernamentales, la FIDH condenó la «ilegal» acción ejecutada por el régimen de Nicaragua, afirmando que el espacio para la sociedad civil independiente en el país está desapareciendo.
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«Al 18 de julio de 2022, el régimen había cerrado más de 2,000 organizaciones sin fines de lucro en Nicaragua, la mayoría en 2022, utilizando entre otras razones sin fundamento, leyes espurias como la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros aprobada en 2020», señala los motivos de la resolución.
También remarcó que estas cancelaciones tienen por objetivo eliminar toda posible visión social y política que difiera a la establecida por el régimen. «Este acoso sistemático, característico de un Estado totalitario, no atañe solamente a organizaciones políticas o de defensa de derechos humanos, sino que a organizaciones religiosas, artísticas, periodísticas, educativas, científicas, medioambientales y sociales que son también víctimas de la persecución».
Con base en lo expuesto por el Cenidh, la FIDH condenó al régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, afirmando que los dictadores han impuesto en Nicaragua, la violación del Estado de Derecho y de los derechos humanos de la población nicaragüense y la impunidad de los mismos.
A su vez, demanda al gobierno de Ortega liberar de forma inmediata a las más de 200 personas prisioneras políticas, así como el cese inmediato de la persecución a la sociedad civil independiente, de los organismos y personas defensoras de derechos humanos, y la devolución de la personalidad jurídica y bienes a las más de 2,000 organizaciones no gubernamentales que han sido ilegalizadas y sus bienes usurpados.
