La compañía minera de capital canadiense Calibre Mining, una de las más grandes en el país, desistió de tres solicitudes de concesiones de minería, tras las sanciones impuestas por Estados Unidos contra el régimen de Daniel Ortega sobre este sector.
La resolución fue publicada este martes en el diario oficial, La Gaceta, un día después que el gobierno de Joe Biden sancionara a la Dirección General de Minas de Nicaragua por considerarla el medio que la dictadura utiliza para seguirse lucrando de la producción y venta de oro «para oprimir al pueblo e, incluso, apoyar la invasión rusa en Ucrania».
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Las concesiones mineras canceladas corresponden a superficies que totalizan más de 125 mil hectáreas, ubicadas entre los municipios de Waspam, Bonanza, Rosita y Puerto Cabezas, en el Caribe Norte. Aunque el Ministerio de Energía y Minas hizo pública la cancelación este martes, la empresa Calibre Mining presentó su renuncia en junio, cuando Estados Unidos sancionó a la estatal Eniminas.
La compañía minera aclaró este día que «está revisando de manera proactiva las sanciones recientes y se ha comunicado con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para garantizar el pleno cumplimiento de estas disposiciones».
Ileana Pérez, quien coordinaba la circunscripción judicial sur que corresponde a los departamentos de Rivas y Granada, alegó ante los diputados que su renuncia era por «motivos de salud».
La exmagistrada se convirtió en la funcionaria de mayor peso en la Corte Suprema de Justicia que ha sido removida de su puesto en las últimas semanas. Antes, los Ortega Murillo «expulsaron» de manera abrupta a dos funcionarias leales al régimen y encarcelaron al vocero Roberto Larios, en medio de renuncias y despidos.
El observatorio independiente Urnas Abiertas denunció que los diputados orteguistas y de partidos colaboracionistas se encuentran «desesperados» por disimular el abstencionismo que adelantan se registrará en los comicios municipales programados para el próximo seis de noviembre. Por esto, promueven la iniciativa de Ley Especial para la Vigencia de las Cédulas de Identidad Vencidas.
La organización indicó que, con esta propuesta, el régimen busca permitir la incorporación y activación de la ciudadanía con las células vencidas al padrón electoral, para que estas puedan votar sin inconvenientes.
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