Los empresarios y dirigentes gremiales Michael Healy y Álvaro Vargas cumplen este viernes, 21 de octubre, un año de haber sido tomados como presos políticos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Healy, al momento de su arresto, fungía como presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y Vargas era vicepresidente de la patronal. Ambos fueron capturados hace un año.
Un tribunal orteguista condenó a Michael Healy a 13 años de prisión por «menoscabo a la integridad nacional» y nueve años de prisión a Álvaro Vargas por «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional». El juez Ángel Jeancarlos Fernández González, del Juzgado Cuarto Distrito Penal de Managua, fue el que emitió las condenas contra los dos líderes empresariales.
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El Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó al juez Fernández porque «socava procesos democráticos o instituciones cuando condenó y sentenció a líderes prodemocráticos por cargos falsos de “socavar la integridad nacional” en juicios falsos» contra presos políticos. Este mismo juez también condenó al empresario Luis Rivas Anduray; a los opositores Dora María Téllez, José Antonio Peraza y Víctor Hugo Tinoco.
Los empresarios guardan prisión en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como «El Nuevo chipote», un centro donde reciben tratos crueles, inhumanos y degradantes, según denuncias de organismos de derechos humanos y familiares de los rehenes de conciencia.
Después de diez meses preso, Healy fue presentado ante los medios de propaganda de la dictadura el pasado 30 de septiembre. En las imágenes divulgadas se ve bajo de peso y luce casi irreconocible y con su rostro decaído. Un día después fue presentado Álvaro Vargas, el preso político mostraba una notoria pérdida de peso.
Los 27 presos políticos detenidos en el contexto electoral, que están en «El Chipote», son sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, según han denunciado sus familiares y organismos de derechos humanos. El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas actualizó la cifra de rehenes de conciencia a 219 a septiembre de 2022. La mayoría han sido acusados de delitos de traición a la patria bajo un grupo de leyes represivas creadas para perseguir a la oposición.