El abogado y experto en administración de justicia, Yader Morazán, reveló que la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ileana Pérez, cayó en «desgracia» por la queja de militantes de sandinistas que fueron «tratados mal» por ella. Esas quejas habrían llegado hasta la Presidencia de la República.
Tras recibir esas quejas en El Carmen, una consecuencia que no midió la magistrada —según Morazán—, ordenaron su destitución y captura. Ahora se conoce que está detenida en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocido como «El Chipote», un centro donde los presos políticos reciben torturas, según sus familiares.
La magistrada Pérez fue despojada de su cargo ante la circunscripción de los departamentos de Rivas y Granada, lo que podría significar que el régimen la sometió a una investigación.
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«He confirmado que la magistrada Ileana Pérez, presidenta de la Sala Civil de la CSJ está presa en El Chipote por la queja de militantes del FSLN que fueron tratados mal por ella, y esta no midió que acudirían al Carmen, donde se bajó la orden y le sacaron su historial de corrupción», escribió Morazán, exfuncionario del Poder Judicial.
El martes, 18 de octubre, la funcionaria fiel a la pareja presidencial fue llevada al reconocido centro de torturas. Pérez había sido removida el fin de semana pasado de sus cargos administrativos en los dos departamentos. La magistrada tenía dos años en ese puesto, su función principal eran los casos que llegaban a la Sala Civil.
Aprovechan denuncias contra funcionarios para despedirlos
Morazán explicó recientemente que en la CSJ han habido muchos despidos, más de los que se han hecho públicos y a todos los niveles, como también han habido muchas renuncias de personas que «han caído en desgracia por razones específicas».
«Lo que pasa es que la corrupción ha minado y filtrado todas las esferas que, cuando se quieren deshacer de alguien, le activan un caso por corrupción que lo tienen ahí en el limbo, pendiente de resolver», manifestó.
Morazán dijo que por años el Poder Judicial ha admitido cualquier tipo de queja en contra de cualquier funcionario. «Lo que hacen en algunos casos es que algunas quejas las mantienen estancadas y cuando los funcionarios no obedecen algún lineamiento o hacen un comentario de la crisis sociopolítica del país resuelven la queja de forma exprés para despedirlo de su cargo», afirmó.
El encarcelamiento de Pérez se dio tras la aprehensión de Roberto Larios, vocero de la CSJ, que fue acusado de «menoscabo a la integridad nacional». La semana pasada también se conoció del despido de dos directoras del Poder Judicial.
