Un grupo de organizaciones no gubernamentales expondrá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación de los presidiarios salvadoreños frente al régimen de excepción, vigente desde finales de marzo y que ha dejado más de 55.000 detenidos.
Zaira Navas, jefa del área jurídica de la organización Cristosal, indicó que son 9 organizaciones salvadoreñas e internacionales las que han solicitado la audiencia con la CIDH, que se realizará el 25 de octubre.
“Es precisamente para hablar de las personas privadas de libertad bajo el régimen de excepción”, dijo en una conferencia a preguntas de EFE.
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Navas agregó que esperan que la representación del Estado “se presente a esta audiencia, porque su negativa de presentarse a las audiencias revelan opacidad” y “un incumplimiento grave a las obligaciones internacionales”.
Sostuvo que recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva, una especie de análisis amplio, sobre las “obligaciones de los Estados respecto a las personas privadas de libertad”.
“A la luz de esta observación general es que la CIDH va hacer un examen al Estado de El Salvador”, acotó la letrada.
Detalle de las violaciones a derechos humanos registradas por Cristosal: pic.twitter.com/yo6KhIq8Mh
— Cristosal (@Cristosal) October 19, 2022
Agregó: “Tiene la oportunidad el Gobierno de presentar información que desvirtúe los testimonios e información que nosotros estamos presentando”.
Navas detalló que entre las organizaciones que expondrán dicha situación se encuentran Amnistía Internacional, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Fundación de Estudios para la Aplicación del Derechos (Fespad), Servicio Social Pasionista (SSPAS), entre otras.
Cristosal dio a conocer este martes un informe con el registro de al menos 2.878 denuncias de violaciones a derechos humanos y la muerte bajo custodia estatal de unas 80 personas.
Tras una ola de asesinatos atribuida a las pandillas a finales de marzo, la Asamblea Legislativa aprobó a petición del Gobierno del presidente Nayib Bukele la suspensión de garantías constitucionales y siete prórrogas.
A pesar de que el Gobierno sostiene que el régimen de excepción goza de amplia popularidad, un 49,8 % de la población salvadoreña considera que “no resolverá el problema” de las pandillas en El Salvador, según un sondeo del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana (UCA) presentado el martes.
