Al menos a 18 hijas e hijos de presos políticos la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo les declaró incomunicación total con sus madres y padres encarcelados en el Complejo Policial Evaristo Vásquez, mejor conocido como «El Nuevo Chipote».
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en su “Informe Rápido Número 7”, denuncia que desde la detención de los liderazgos de oposición «las autoridades han impedido que las personas privadas de libertad, en el contexto electoral de 2021, tengan contacto directo con sus hijos e hijas menores, incluido recibir cartas y dibujos, o tener contacto telefónico o por cualquier otro medio».
El organismo resaltó el caso de los presos políticos Miguel Mora y Tamara Dávila, quienes se tuvieron que someter a una huelga de hambre con el fin de presionar al régimen. Ortega les concedió a ambos reos de conciencia un encuentro con sus pequeños, pero después de más de un año sin verse.
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«Recién el 20 de agosto de 2022, el Gobierno autorizó dos visitas por el lapso de 30 minutos luego de que una madre (Tamara Dávila) y un padre (Miguel Mora) privados de libertad iniciaran una huelga de hambre para poder ver a sus hijos después de 14 meses de detención en El Chipote. Ninguna de estas visitas se habría repetido», señaló.
Además, destacó que dos presos políticos se encuentran actualmente en huelga de hambre con el objetivo también de presionar a la dictadura de Ortega Murillo para que les permitan ver a sus hijos, y otros 20 reos en el penal de «La Modelo» en demanda de mejores condiciones de detención.
Miguel Mendoza y Róger Reyes son los rehenes de la dictadura que se sometieron a una dieta sin incluir alimentos sólidos hasta que les autoricen una visita con sus hijas.
La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sostuvo que «estas restricciones constituyen una violación a los derechos de las personas privadas de libertad según estándares internacionales de derechos humanos, como también de acuerdo a la legislación nicaragüense».
Agregó que «la situación también debe enfocarse desde la perspectiva de los derechos de los niños y niñas afectados. Nicaragua es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño y en ese marco las niñas y niños tienen derecho de visitar a sus madres y padres privados de libertad. La propia legislación nicaragüense reconoce el principio del interés superior de la niña, el niño y el adolescente».
Anteriormente, los familiares de los presos políticos denunciaron que una visita no es suficiente y demandaron a las autoridades que elaboren un calendario de visitas para que los niños, niñas y adolescentes puedan mantener comunicación regular con sus padres y madres dos veces al mes y que se cumplan las leyes que protege los derechos de los menores de edad.
